Colombia lidera en las compensaciones por pérdida de biodiversidad en América Latina

29 de julio de 2013 Mariana Sarmiento

Mientras que las perspectivas económicas en América Latina mejoran, las preocupaciones sobre cómo el desarrollo económico generará  un impacto en el medio ambiente aumentan. Varios países han comenzado a explorar las compensaciones por pérdida de biodiversidad, pero Colombia es el primero en establecer normas diseñadas específicamente para promoverlas. Aquí les contamos cómo lo están haciendo.

Colombia, Perú, Ecuador y Chile están debatiendo sobre formas de equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. Representantes de los cuatro países participaron este mes en una reunión organizada por Perú para explorar los diferentes mecanismos para realizar compensaciones por pérdida de biodiversidad que existen en el mundo, y ver cual podría funcionar mejor para cada uno de ellos.

"El tremendo crecimiento en los últimos tres años en el interés global en las medidas de mitigación rigurosas, incluyendo las compensaciones de biodiversidad,  ahora son evidentes en América Latina", dice Kerry ten Kate, Directora de la Iniciativa de Biodiversidad de Forest Trends. "Como en otros lugares,  las medidas de compensación están impulsadas por nuevas normas, condiciones de financiamiento más estrictas por parte de instituciones financieras,  y el modelo de negocios voluntario".

De los cuatro países, Colombia ha sido el que más claramente está adoptando el uso de las compensaciones de biodiversidad. Nuevos avances en la normatividad obligan a proyectos de minera,  hidrocarburos e infraestructura, a compensar los impactos ambientales residuales a través de la restauración ecológica o la protección de ecosistemas equivalentes. La nueva reglamentación se basa en dos principios fundamentales: la no pérdida neta y la equivalencia ecológica. Además, establece factores de compensación que van de 1:4 a 1:10.

 

La urgencia en la reglamentación de las compensaciones en Colombia

Esto es particularmente relevante ahora que Colombia está concentrando esfuerzos importantes para promover el crecimiento económico. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se espera que el sector privado invierta US $ 126 mil millones de dólares, lo que representa el 40% del presupuesto para la ejecución del plan nacional de desarrollo. Esta inversión está dirigida principalmente hacia la expansión del sector minero energético (US $ 51 mil millones), vivienda y urbanización (US $ 40,6 mil millones) e  infraestructura (US $ 8.8 mil millones.)

Algunos de los resultados esperados para el año 2014 de esta inversión incluyen un aumento del 100% en carreteras pavimentadas y vías férreas, el aumento de la producción de carbón en un 70%, el aumento en la generación de energía en un 20%, y el aumento en la producción de petróleo en un 43%, incluyendo la construcción de los oleoductos y gasoductos. Todos estos proyectos, por ley, requieren permisos ambientales y planes de manejo ambiental para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales con el fin de evitar una pérdida neta de biodiversidad.

En este momento, las compensaciones deben ser implementadas por el promotor del proyecto. Éste debe identificar los sitios donde la compensación se llevará a cabo, comprar la tierra o hacer arreglos individuales con los propietarios, y establecer el proyecto de compensación. Desafortunadamente, este esquema tiene sus problemas. Las autoridades ambientales, las comunidades, y las organizaciones no gubernamentales no tienen certeza sobre la efectividad de las actividades de compensación que se vienen implementando. Los que reciben los permisos ambientales - las empresas mineras, por ejemplo - no tienen experiencia en la restauración ecológica o proyectos de conservación, lo que resulta en  resultados que no cumplen las expectativas, y hay altos costos de transacción - ambientales y financieros - asociados al retraso de las obras, y servicios de consultoría adicionales que tienen que ser contratados. Esto puede afectar el proceso de licenciamiento ambiental, y también puede resultar en la pérdida de los servicios ecosistémicos durante los años en que las acciones de compensación se posponen.

 

Retos a superar para facilitar la implementación de la norma

Según datos recientes de FUNDEPUBLICO (una ONG colombiana), una de las razones de por qué las empresas privadas  no logran cumplir con los requerimientos de las compensaciones es porque no pueden encontrar la tierra para realizarlas - un problema común a los sistemas de compensación en otros países en sus etapas tempranas. Además, en los casos en que se han establecido las compensaciones, los organismos ambientales no conocen la ubicación exacta de los puntos de compensación. En este sentido, a pesar del avance de Colombia en el tema, el reto de atender la futura demanda de áreas de compensación con la oferta aún no está resuelto.  Y no es sencillo.

Con más de 8 millones de hectáreas de títulos mineros, más de 130 compañías de petróleo y gas con operaciones en el país que cubren 1,5 millones de hectáreas, entre ellas Shell, Occidental, Chevron, ExxonMobil y Petrobras, y miles de kilómetros de carreteras planeados que afectarán puntos críticos de biodiversidad, una de las preguntas clave es ¿dónde están los cientos de miles de hectáreas necesarias para realizar las compensaciones que se van a necesitar?

Adicionalmente, de acuerdo con la nueva normativa, los planes de compensación de biodiversidad deben ser presentados a las agencias ambientales hasta un año después de que la licencia ambiental ha sido aprobada. Esto es preocupante, dado que no hay claridad sobre cuando se llevarán a cabo las compensaciones después de haberse generado el impacto, y por lo tanto, el objetivo de la no pérdida neta, parece difícil de alcanzar. La pregunta entonces es, ¿cómo puede Colombia migrar hacia un sistema que promueva las compensaciones oportunas, costo-efectivas, transparentes y eficientes?

Un mecanismo para lograrlo es mediante el avance hacia un sistema de bancos de conservación. Existen diferentes variaciones de este sistema en Estados Unidos, Australia y Alemania, y se está desarrollando actualmente en Francia y el Reino Unido. A pesar de los retos de este esquema, expertos consideran que los bancos de conservación aceleraran la implementación de medidas de compensación de alta calidad,  en las áreas donde se requiere hacer conservación, reducen el tiempo que transcurre entre el impacto y la compensación, promueven la participación de expertos y empresas en el tema, y fomentan la inversión privada en la conservación ambiental.

La discusión en Colombia para implementar tal sistema es aún incipiente.

 

Mariana Sarmiento es consultora de Forest Trends en las Iniciativas de Agua y de Valorando Naturaleza. Su trabajo se centra en el diseño y análisis de políticas, y más recientemente, en minería, biodiversidad, y compensaciones ambientales.

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