Establecen lineamientos e instrumentos de REDD+ en Ecuador

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30 de julio de 2013 Jimmy Carrillo

Este abril, el gobierno ecuatoriano presentó un Acuerdo Ministerial que establece lineamientos e instrumentos de regulación para el mecanismo REDD+ en el territorio nacional.  Como parte del proceso para definir la reglamentación, se estipula el desarrollo de nuevos artículos legales para su implementación. Valorando Naturaleza comparte algunas reacciones sobre la regulación propuesta y señala algunos insumos para los temas relacionados con REDD+ en el país.

El pasado 5 de abril de este año, el Ministerio del Ambiente de Ecuador hizo público el Acuerdo Ministerial (AM) 033 que establece algunos lineamientos e instrumentos de regulación del mecanismo REDD+ en el territorio ecuatoriano, en concordancia con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional Forestal de dicho país.

Además, el acuerdo establece al Ministerio del Ambiente como la Autoridad Nacional REDD+ (AN-REDD+), con competencia exclusiva para la regulación e implementación de mecanismos REDD+.

El documento señala que la implementación del mecanismo REDD+ “contribuirá a asegurar la sostenibilidad financiera de los planes y programas que lleva adelante el Gobierno Nacional y que están enmarcados en mecanismos REDD+”.

Las actividades y mecanismos de esta herramienta deberán ser implementados de acuerdo a los principios de transparencia, participación en las diversas fases del mecanismo, acceso a la información, celeridad, equidad, eficacia y eficiencia. En esta línea, exige que se respete los múltiples beneficios de los bosques; derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades; así como la implementación de salvaguardas ambientales y sociales.

 

EL REGISTRO REDD+

El AM 033 del Ministerio del Ambiente ecuatoriano establece la creación de una base de datos sobre estas actividades. Este llamado ‘Registro Obligatorio de mecanismos REDD+’ servirá para hacer un monitoreo, reporte y verificación de estos proyectos, y será desarrollado por la AN-REDD+.

La norma establece, además, los niveles de implementación de sus actividades: jurisdicción nacional y proyectos. A nivel de jurisdicción nacional “es el único que tiene acceso directo a los posibles beneficios de las actividades REDD+”.

Asimismo, a nivel de proyecto, se tendrá acceso indirecto. Esto significa que “no se reconoce derecho de propiedad sobre las Unidades de Reducción de Emisiones (URE) a favor del proponente del proyecto”, por lo tanto no tiene la facultad “de participar en el mercado a través de la venta directa de URE”.

En el acuerdo se indica, además, que la incorporación de las iniciativas públicas y privadas en el esquema nacional se realizará de forma paulatina “enfocándose inicialmente en la reducción de deforestación e incluyendo gradualmente la reducción de la degradación forestal”. Además se establece que la AN-REDD+ será la encargada de establecer la contabilidad de reducción de emisiones resultantes de la implementación de actividades REDD+ en el país.

 

 

¿UN OBSTÁCULO PARA LA INVERSIÓN?

Para Luis Fernando Jara, especialista en temas REDD y gerente del Programa Face de Forestación del Ecuador S.A. (PROFAFOR), una empresa privada con más de 20 años de experiencia en reforestación y que ha desarrollado proyectos de carbono para el mercado voluntario, la publicación de este acuerdo es un avance: “Es un intento por empezar la reglamentación del famoso artículo 74sobre servicios ambientales. Desde ese punto de vista, es un avance en torno a la regulación de REDD”.

Sin embargo, para Jara “tal y como está expuesto en el acuerdo, se manifiesta que el país trabajará el tema REDD a través de un esquema nacional en donde todos los créditos deben de ser reportados a nivel del Estado. Así mismo, los beneficios van a estar controlados a nivel nacional”.

Por ello, para el especialista, esta normativa podría llegar a significar un obstáculo para las inversiones extranjeras en estos temas: “Existirá una limitación en la negociación de los créditos hacia afuera y se va a tener que reportar absolutamente todo. Así, no habrá un libre mercado, como se ha establecido en otros países, para la transacción de estos créditos”.

“Está bien que exista una supervisión de Estado para que no haya inversionistas o componentes de proyecto que vayan a engañar a las comunidades en los beneficios que se obtengan por la venta de los créditos. Pero, tal y como está en la norma, me parece que el control es excesivo”, subrayó.

Sin embargo, aún queda esperar la reglamentación que se desarrollarán en los nuevos artículos, que ha sido estipulada en un plazo de 180 días (de los cuales ya han pasado más de 90). Ante ello, Luis Fernando Jara ve “muy difícil” que el Estado cumpla con el tiempo establecido para la reglamentación.“Falta la regulación, es cierto, pero el espíritu siempre ha sido obtener recursos de los créditos de carbono, de REDD, para financiar el programa Socio Bosque, que ha sido muy exitoso”, agrega Jara.

 

INSTANCIAS EN EL PROCESO DE PREPARACION NACIONAL

El proceso de preparación para REDD+ en Ecuador lleva varios años, como se detalla en este reporte del Diálogo Forestal, o Tropical Forests’ Dialogue de 2010.  A raíz de la promulgación de AM 033, a principios de Junio del 2013 se avanzó con el establecimiento de una Mesa de Trabajo REDD+ para tratar temas relacionados a la puesta en marcha del mecanismo REDD+ a nivel nacional. La primera reunión extraordinaria de la Mesa de Trabajo ocurrió el 10 de Julio, pero aún no se cuenta con resultados destacables de este grupo. También inició un ciclo de talleres en 10 provincias del Ecuador para el intercambio y análisis productivo, buscando generar insumos para la definición del mecanismo REDD+.

 

Jimmy Carrillo es el Director de la Unidad de Comunicaciones de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Lo puedes encontrar en jcarrillo@spda.org.pe. Carrillo tambien dirige el portal www.actualidadambiental.pe, cuyo grupo de periodistas contribuye a Valorando Naturaleza.org.

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