Estados de la Amazonia brasilera promueven esquema para compartir beneficios como parte de la estrategia nacional de REDD+

Photo credits: IDESAM
13 de marzo de 2014 Steve Zwick

Brasil tiene la meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 38% para el 2020, y más de 80% de estas reducciones deben venir de la disminución de deforestación en la Amazonia. Eso implica que el financiamiento para REDD es más importante que nunca- y hace que los estancamientos burocráticos sean más y más dañinos. Los estados de la Amazonia dicen que el proceso puede agilizarse con una compartición de ingresos y responsabilidades 80/20 entre los estados y Brasilia. 

Antes del retroceso en 2013, Brasil había reducido sus niveles de deforestación durante seis años seguidos- un logro que significo que 3.5 toneladas menos de dióxido de carbono escaparon a la atmósfera de lo que hubiera sido el caso si continuaran al ritmo de deforestación anterior. Eso es casi 1/3 del total que el país promete reducir para el año 2020. Pero la racha finalizó el año pasado, cuando el ritmo de deforestación aumentó 28%.  

El país aún, sin embargo, señala que su ritmo de deforestación será 80% más bajo en 2020 que el ritmo promedio entre 1996 y 2005. De hecho, depende de que esa reducción sea la fuente de más de la mitad de la reducción total esperada de 38% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr una reducción tan dramática en la deforestación, planea utilizar pagos como incentivos tales como la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD).


Pero mientras que los estados brasileros han presentado estrategias concretas para implementar financiamiento REDD, el gobierno federal ha sido lento en sus movimientos – lo que incitó el mes pasado al Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF Task Force) a proponer una estrategia de alistamiento (readiness) REDD que divide ingresos y responsabilidades entre los estados y el gobierno federal.  

Como se presenta en el reporte “Contribuciones para la estrategia nacional de REDD+: Una propuesta de asignación entre los estados y la Unión” (en portugués), la propuesta fue desarrollada por los Ministerios de Finanzas de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará y Tocantins con el apoyo técnico de la ONG brasilera IDESAM (Instituto de Conservación y Desarrollo Sustentable de Amazonas/Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas), IPAM (el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia), y el ICV (Instituto Centro de Vida).

 

Un Puente entre Estados y el Nivel Federal

Los estados brasileros han abogado por bastante tiempo por tener control sobre los pagos directos de REDD, y el gobierno federal ha argumentado por la creación de un fondo central para administrar todo ingreso. La nueva propuesta representa un arreglo que creará algo llamado “Unidades REDD+” (U-REDD+), y una división a través de la cual 80% se divide por los estados y 20% para el gobierno federal. Dicen que tales unidades no serían administradas por el gobierno federal, pero por una agencia que opera de manera independiente tanto de los estados y del gobierno federal. 

“Es importante enfatizar que la división de U-REDD+ a los estados no significa un simple ‘traspaso’ o reconocimiento de derecho de uso de los gobiernos estatales”, indica el reporte. “Se entiende como una premisa fundamental que cada estado deberá establecer una regulación específica (como ejemplos mencionan el estado de Acre y Mato Grosso) que determine como REDD+ deberá ser gestionado a nivel estatal, y como sus beneficios potenciales podrían ser divididos entre todos los actores relevantes, tales como las poblaciones indígenas y tradicionales, los productores rurales, las municipalidades, y residentes de las unidades de Conservación, etc.” 

Acre ha creado un sistema único de incentivos para Servicios Ambientales (SISA), mientras que Mato Grosso creo su propio sistema REDD+ el año pasado. Los estados de Rondônia, Amapá y Amazonas también están en proceso de desarrollar sus reglamentaciones vía consultas públicas y asesoramiento de necesidades, entre otras actividades.

 

El Marco Federal

El gobierno federal ha lanzado varias iniciativas para preparar para REDD, principalmente la Política Nacional de Cabio Climático (PNMC, por sus siglas en portugués), el Plan Nacional de Cambio Climático (NPCC) y el Plan para la prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PP-CDAM). El Sistema Nacional de REDD+ (SisREDD+) está listo para lanzar tan pronto se aprueben dos decretos legislativos, mientras que la Estrategia Nacional de REDD+ bajo desarrollo por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) ha sido alentado por burocracia e inercia política.

El NPCC estableció la meta de reducción de emisiones en todos los sectores, y espera que más de la mitad de esa meta- el 55% - provenga de frenar la deforestación. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin embargo, anticipa que las emisiones de energía, agricultura, manufactura y manejo de desechos aumentarán en el mismo periodo- poniendo así más presión sobre REDD en particular y esfuerzos para reducir deforestación en general.

 

Resoluciones al tema de los niveles de referencia

La propuesta de los estados visualiza que U-REDD+ serán distribuidos entre todos los estados de la Amazona, en base a los niveles de referencia de cada estado. No es claro si U-REDD+ serán comercializados en transacciones vía mecanismos de mercados (compensaciones) o a través de fondos o inversiones domésticas. Eso dependerá en gran medida de cómo se desarrolla la legislación federal relacionada con el trato y reconocimiento de las compensaciones.

Para un resumen complete de la metodología del mecanismo de estoques y flujos para la asignación de U-REDD+ entre los países, descargue aquí el reporte completo.

 

Steve Zwick es Editor del Ecosystem Marketplace. Lo puedes encontrar en szwick@ecosystemmarketplace.com.

Artículo traducido por Valorando Naturaleza.org.

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