La defensora de los derechos indígenas Vicky Corpuz entre las 600 personas que el Departamento de Justicia de Filipinas quiere etiquetar como terroristas

12 de marzo de 2018 Steve Zwick

El mes pasado, el Departamento de Justicia de Filipinas solicitó a un tribunal declarar terroristas a 600 personas, y la lista incluyó a docenas de líderes de derechos humanos, incluida Vicky Corpuz, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como a varias personas que según los críticos simplemente no existen. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

El 2 de marzo, el presidente filipino Rodrigo Duterte advirtió a la policía nacional sobre la cooperación con investigadores de derechos humanos de la ONU, y ahora la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como varias ONG, acusan al Departamento de Justicia de Duterte de tratar de etiquetar  como"terrorista" a docenas de líderes de derechos humanos.

Señalan una petición de 55 páginas que el DoJ presentó ante el Tribunal Regional de Juicio de Manila el 21 de febrero pidiendo que el Partido Comunista de Filipinas (PCP) y su brazo armado, el Nuevo Ejército Popular (NPA), sean declarados organizaciones terroristas.

La petición identificó 600 personas que, según dijo, eran líderes de la organización, incluidas varias personas fallecidas o desaparecidas, varias de las cuales los críticos son alias obvios y varios líderes de derechos humanos, entre ellos un ex legislador filipino, cuatro ex sacerdotes católicos y el actual Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Un "relator especial" es un experto reconocido que investiga e informa temas de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es Victoria "Vicky" Tauli-Corpuz, quien presidió el Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas de 2005 a 2010.

Recientemente contribuyó a un informe en el que acusaba a las fuerzas armadas filipinas de matar y desplazar a miembros de la comunidad Lumad, y los relatores Michel Forst y Catalina Devandas Aguilar dicen que su inclusión en la petición es meramente represalia por ese informe.

Carlos H. Conde, de Human Rights Watch, calificó la petición como una "lista de aciertos virtual" y señaló que esta no es la primera vez que el gobierno de Duterte amenaza a los defensores de los derechos humanos.

"Además de Tauli-Corpuz, Duterte y sus partidarios amenazaron con perjudicar y trataron de desacreditar a Agnes Callamard, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, que ha buscado investigar los asesinatos de la" guerra de las drogas "", escribió.

El grupo de derechos humanos Karapatan nombró a una docena más de defensores de los derechos humanos que estaban en la lista, y la secretaria general de Karapatan, Cristina E. Palabay, dijo que la lista era "gravemente defectuosa ya que contiene decenas de alias (alias), para que cualquier persona se puede agregar más tarde ".

"Vicky no es una terrorista ni es miembro de un grupo terrorista", dijo Antonio "Tony" Gabriel Maestrado La Viña, Director Ejecutivo del Observatorio de Manila y ex subsecretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

"He trabajado con ella durante tres décadas sobre diversos temas: los derechos de los pueblos indígenas, los problemas de biodiversidad y, más recientemente, el cambio climático", dice. "En todos estos foros, ella ha trabajado en estrecha colaboración con funcionarios filipinos, promoviendo tanto la propiedad intelectual como los intereses nacionales. Cada vez que Vicky ha hablado, incluso cuando critica al gobierno, siempre lo hace con respeto y consistentemente constructivo ".

 

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