La tierra mal repartida : Desorden e incomunicación crean conflictos

10 de abril de 2013 Jaime Tranca

En Madre de Dios, Perú, la falta de comunicación entre organismos estatales ha generado conflictos por el uso de la tierra. Diversas concesiones se superponen y actividades incompatibles se enfrentan. Sin embargo, actividades como la recolección de castaña (el recurso no maderable más importante de esa región) demuestran que sí es posible en algunos casos desarrollar actividades que aprovechan los recursos amazónicos de manera sostenible. Según un reciente estudio de la SPDA y CIFOR, el intercambio de información entre los organismos que otorgan las concesiones permitirá una mejor gestión del territorio y ayudará a evitar los conflictos.

 

En el 2010, luego de luchar tres años contra las barreras administrativas del Estado peruano, Sara Hurtado logró su objetivo: obtener una concesión de castaña. Quizás muchos no entienden la relevancia de este suceso, pero si situamos a Sara en Madre de Dios (Perú), región en donde la minería aurífera ilegal –actividad que va de la mano con la ola delictiva que se registra en la zona– ha devastado miles de kilómetros cuadrados, entonces el logro de esta castañera se hace notorio.

Según el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), en el 2011 se registraron aproximadamente 25 mil mineros ilegales en Madre de Dios, una región con 110 mil habitantes (INEI 2007) y que registra la mayor tasa de crecimiento poblacional. El mismo año, se informó que la minería ilegal había deforestado cerca de 32 kilómetros cuadrados, generando un impacto considerable en la biodiversidad del lugar, contaminando el agua para el consumo humano (debido al derrame de mercurio) y alterando la vida de las poblaciones locales.

A esto se suma un reciente informe del Instituto de Defensa Legal (IDL), el cual indica que Madre de Dios es la segunda región peruana, después de Amazonas, que registra el mayor número de homicidios: aproximadamente 23 por cada 100 mil habitantes.

Con estos antecedentes, el logro de Sara es casi un acto heroico. Pero ella no es la única entusiasta que apuesta por actividades sostenibles. Muchos otros pobladores optan por el camino de la formalidad y conservación de la riqueza de Madre de Dios, considerada la “Capital de la biodiversidad del Perú”, pero pocos son los que se mantienen en este rumbo de la sostenibilidad, debido a múltiples obstáculos. Uno de ellos, es la superposición de derechos.

 

Minería devora a las demás concesiones

En Madre de Dios existen múltiples actividades como la maderera, agrícola, minera, entre otras. Muchas veces, se generan conflictos debido a que en un mismo terreno se realizan actividades que no son compatibles, como minería y reforestación. Esto se da por falta de coordinación entre autoridades que otorgan estos derechos y porque en la actualidad el Perú no cuenta con un claro ordenamiento territorial. 

Actualmente el número de personas que optan por actividades como la reforestación, la recolección de castaña o el turismo a través de las áreas de conservación se ha incrementado, pero la principal actividad económica sigue siendo la minería, en su mayoría ilegal. Si se comparan los ingresos económicos según la actividad, la minería supera enormemente a cualquiera, por ello muchos no dudan en cambiarse de bando.

En febrero pasado, una investigación del diario El Comercio denunció que diversas concesiones forestales eran fachada para la minería ilegal. Los concesionarios alquilaban a cambio de oro los terrenos asignados para reforestar. El resultado: desiertos en medio de la selva, precisamente en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, una zona rica en biodiversidad.

Solo en dicho lugar existen 124 concesiones de reforestación y en la mayoría se hace minería ilegal, con o sin consentimiento de los concesionarios. Algunos ceden, ya sea por amenazas o por las fuertes sumas de dinero que les ofrecen los mineros, pero otros denuncian el hecho ante las autoridades, generando una larga lucha legal. Mientras dura esa batalla, las maquinarias no se detienen, la selva sigue siendo carcomida.

Ante esta realidad, menciona José Luis Capella de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), surge la necesidad de ordenar el territorio nacional como factor clave “para tomardecisiones sobre el uso de territorio y lograr compatibilidad respecto de actividades que se pueden superponer”.

 

Orden de territorio a la espera

Respecto a las actividades muchas veces incompatibles que se realizan en un mismo territorio, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente del Perú, Gabriel Quijandría, señala que “aún se está trabajando en el ordenamiento territorial con el fin de definir una jerarquía, una lógica de articulación, para lograr una gestión del territorio que permita combinar actividades si es que se pueden combinar”.

Para no tener conflictos al respecto, agrega Quijandría, el Estado debe tener una capacidad de toma de decisiones para determinar qué actividad se debe desarrollar en determinada zona. Asimismo, menciona que actualmente el Estado prepara una propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial, para tener una guía sobre cómo ordenar un territorio tan diverso como el peruano. Esto permitirá, además, que los gobiernos regionales tengan responsabilidad para velar por su ordenamiento, ya sea en costa, sierra o selva.

En el estudio denominado “Superposición espacial en la zonificación de bosques en Madre de Dios. Implicaciones para la sostenibilidad del recurso castañero”, elaborado por la SPDA y el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), las organizaciones concuerdan en que el intercambio de información entre los organismos que otorgan las concesiones permitirá una mejor gestión del territorio y evitará los conflictos que a diario surgen no solo en Madre de Dios, sino en todo el Perú.

Este informe además, contiene mapas detallados que ilustran el grado de superposición. Esos mapas de reclamos de uso de tierra en conflicto ayudan a identificar aspectos clave que la reglamentación debería de abordar.

Según los autores de esta publicación, “Cada agencia involucrada en el manejo forestal y el otorgamiento de derechos de uso de tierra –incluyendo los ministerios de Agricultura, Ambiente y Energía y Minas, así como el gobierno regional de Madre de Dios– recolecta y almacena datos de diferente manera. El desarrollo de un sistema estandarizado le permitiría a las agencias compartir y comparar datos y ponerlos a disposición del público”.

El estudio también hace énfasis en que se debe esclarecer los derechos de uso de tierra: “Los derechos de uso de tierra deberían ser claros y estar respaldados por contratos u otros documentos legales. Las regulaciones deben deber ser aplicadas para garantizar que los derechos se respeten y que otras actividades no invadan áreas –que los mineros o agricultores no ingresen a las concesiones de castaña ilegalmente, por ejemplo–. Las agencias del gobierno (organismos) también deben desarrollar e implementar mecanismos para garantizar que no se otorguen nuevos derechos de uso de tierra en concesiones existentes y los casos existentes de derechos de uso de tierra en conflicto deben ser resueltos a través del diálogo y la negociación”.

José Luis Capella de la SPDA, uno de los autores de dicho informe, explica que la toma de decisiones respecto a la zonificación de bosques se dan desde diversos organismos estatales. “La Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2011 estipula la creación de un sistema que podría ayudar a aclarar las responsabilidades y roles de cada uno de los organismos nacionales y regionales”, señala  Capella, considerando además de suma importancia la creación de un sistema de fiscalización que garantice el cumplimiento de las regulaciones orientadas a proteger los recursos del bosque.

Por su parte, Manuel Guariguata, investigador de CIFOR señala que el estudio fue originado porque querían “ponerle números al grado de conflicto sobre los diferentes usos de la tierra en Madre de Dios”.

Para el investigador, lo novedoso del estudio es que cuantifica cuántas áreas están bajo diferentes tipos de uso: minería, concesiones castañeras, agricultura y otras actividades. La relación de la investigación con la actividad castañera, agrega Guariguata, se da porque “la castaña es probablemente el recurso no maderable más importante, pues genera un volumen considerable de cosecha anual y logra importantes ingresos de varios millones de dólares”. Esta recolección, menciona el experto, es casi exclusiva de Madre de Dios, el cual alberga cerca de 80 concesiones castañeras.

“La madera también es un recurso importante de exportación, desde el punto de vista del área. Si el objetivo es tener a Madre de Dios como un polo de producción forestal maderable, es importante saber cuál es el grado de conflicto respecto a otras asignaciones de uso de la tierra”, agrega, señalando además que entre miles de hectáreas de tierra de concesiones castañeras, hay varios casos de superposición con las actividades mineras.

 

Algunos no se rinden ante la expansión minera

La minería ilegal invade terrenos como un cáncer imparable. Actividades como la agricultura ceden ante la expansión minera y cambian el uso del suelo. Sin embargo, algunos luchan por sus terrenos y aún confían en que este problema puede ser resuelto por la vía legal.

Ely Carhuarupay fue denunciado por Francisca Quispirrimachi (titular de una concesión minera), por el presunto delito de usurpación, señalando que se vulneraba su derecho de posesión derivado de su título de concesión minera.

Ely realiza actividades agropecuarias y, con la asesoría de la SPDA, demostró que la concesión minera se superponía al derecho de posesión. Él contaba con la respectiva constancia de posesión y, luego de un proceso legal, el caso fue archivado.

Otro caso registrado fue el referido a una concesión de castaña afectada por delitos contra el ambiente. En agosto de 2010, fue invadida por mineros ilegales, quienes manifestaron que contaban con las autorizaciones legales y por ello realizaban sus actividades, alterando el ecosistema de la zona. El titular de la concesión castañera, Wilmer Palomino Córdova, denunció el hecho y logró el desalojo de seis personas que realizaban este tipo de minería.

Casos parecidos se registran a diario, pero son pocos los que optan por la denuncia y prefieren “adaptarse” y beneficiarse con las actividades mineras, pese a notar el impacto negativo que ocasiona. Este tipo de enfrentamientos se darán hasta que no exista una política clara del gobierno respecto a los usos de la tierra.   

El asesor de la Alta Dirección del MINAM, Ernesto Ráez, indica que la minería ilegal en Perú no solo produce un problema de seguridad interna “muy grave”, sino que produce un impacto económico incluso mayor al del narcotráfico.

Ráez señala que esto se da con mayor intensidad en Madre de Dios y Puno, donde se produce casi dos tercios de esta actividad a nivel de todo el país.

Para José Luis Capella, de la SPDA, este problema continuará mientras el gobierno no compatibilice los usos del territorio y priorice las estrategias de desarrollo.

Si el ordenamiento territorial no está bien aplicado, agrega Capella, no se podrán realizar actividades sostenibles en el tiempo, ni se podrá ejecutar al cien por cien los proyectos de pagos por servicios ambientales, porque no existirá seguridad jurídica sobre los terrenos y toda iniciativa por conservar penderá de un delgado hilo.   

 

 

Jaime Tranca es Redactor de Actualidad Ambiental SPDA. Lo puedes encontrar en jtranca@spda.org.pe.

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