Las redes de REDD en varios niveles en el Perú

14 de octubre de 2013 Ramiro Escobar

Avanza el ‘enfoque anidado’ para unificar los distintos proyectos REDD+ en el Perú. El Estado procura darle coherencia a este mecanismo que previene la deforestación, mientras avanzan actividades en campo, y en las oficinas de los gobiernos regionales en el país. Aquí una mirada al mundo de REDD+ en el 4o país mundial con más bosque.

Las alturas de Huayabamba no tienen bosques frondosos, más bien están cubiertas de vegetación baja, propia de la parte alta de los Andes, donde el frío navega entre páramos y parece silbar entre montes silenciosos. Pero aún así se encuentra en la región San Martín, una jurisdicción de la zona nor-oriental de la Amazonía peruana, donde el agua y los árboles todavía sobreviven.

Allí, a 4,760 metros de altura sobre el nivel del mar, comienza la Concesión para Conservación Alto Huayabamba (CCAH), que la ONG ‘Amazónicos por la Amazonía’ (AMPA) ha obtenido del Estado y que tiene una vigencia de 40 años renovables.  El mágico y nuboso territorio baja, por varios pisos ecológicos, hasta los 1,500 metros y se extiende por 143,928.09 hectáreas.

Pero además alberga en sus diversos pisos ecológicos un recurso potencial para mitigar el cambio climático: un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), establecido sobre 50,194.08 hectáreas del total de la concesión y ubicado entre los 1,500 y los 3.200 metros, con el fin de proteger los bosques montanos de este ecosistema delicado.

 

UN BOSQUE DE PROYECTOS

Este es uno de los más de 40 proyectos  REDD+ que hoy anidan en el Perú, en diversas regiones, aún cuando son San Martín y Madre de Dios (sur oriente amazónico del país), donde hay más y están más desarrollados. En la primera de ellas, existe un Mesa REDD+, presidida por el gobierno regional y que cuenta con la participación de  diversas organizaciones de la sociedad civil, de expertos en el tema y de funcionarios del Ministerio del Ambiente (MINAM). En la segunda, hay una ‘Mesa de Servicios Ambientales y REDD+’.

El proyecto de AMPA, como otros en el país, se dirige a generar un circuito feliz, que pone su grano de arena, o de aire, en la lucha contra el calentamiento global. Como explica Karina Pinasco, su promotora, “se trata de mantener el equilibrio hídrico de la cuenca alta del río Huayabamba, que abastece a una población humana numerosa en las partes bajas de la región”.

En otras palabras, al conservar los bosques de la parte alta se permite que este río nazca, viva, no se seque y pueda seguir abasteciéndose de la humedad alto andina gracias a esta providencial cobertura vegetal. Aguas abajo, se convertirá en el principal tributario del Huallaga, uno de los cursos de agua principales de la Amazonía peruana y fuente vital para numerosos pueblos.

La clave en esta secuencia sostenible es el mantenimiento en pie de esas más de 50 mil hectáreas de bosque, que allá arriba permiten que se surta la napa freática. Y eso es REDD: al evitar que sean tumbadas, se neutraliza a la vez la liberación, en cada hectárea, de 583.1 toneladas de carbono, acumuladas en la masa arbórea o en el suelo donde crecen las especies vegetales. Por ese gas invernadero que no se emitió, se crean certificados o “bonos” que van a un ‘mercado voluntario’.

Una empresa o institución, nacional o internacional, los compra y así reduce su cuota de emisiones en cualquier otra parte del mundo. A su vez, el dinero puede servir para seguir financiando proyectos REDD+, especialmente en lugares como el Perú, donde todavía hay una importante cantidad de bosques tropicales (segundo en América Latina, luego de Brasil, y cuarto en el mundo). El 13% de los bosques amazónicos del planeta se encuentran en este país.

En suma: deforestación evitada, o por evitar. El proyecto de AMPA se inició en el 2012, durará hasta el 2047 (coincidiendo con los años de la concesión) y está en proceso de validación bajo el estándar de CCB (Climate, Community and Biodiversity), que surgió de una asociación de empresas y ONGS, y que se dedican a promover y validar proyectos de carbono forestal en diversas partes del mundo. La integran, entre otras entidades, The Nature Conservacy (TNC) y Conservation International (CI).

Otros 40 proyectos más se desperdigan por las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Ucayali, Pasco, Huánuco, Junín, Apurímac, Cusco y Loreto. En algunos casos, como el proyecto REDD+ de CIMA (Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales) en el Parque Nacional Cordillera Azul, se abarca a 3 regiones (Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco). Se está actuando, además, en diversos tipos de bosques, no sólo en los ubicados en la Amazonía.

EN BUSCA DE LA COHERENCIA

En efecto, 3 de los proyectos REDD+ están en regiones que no tienen cobertura boscosa selvática. Uno de ellos, por ejemplo, es el que lleva adelante ECOMUNAL (Asociación de Ecoturismo Comunal y Comercio Equitativo en América Latina) en el Santuario Histórico del Bosque de Pómac, un área protegida destinada a conservar 5,887.38 hectáreas de algarrobo (Prosopis pallida) y 36 pirámides de la cultura prehispánica denominada Sicán.

La mayoría, sin embargo, sí están en la Amazonía peruana y, como ya se señaló, en las regiones Madre de Dios y San Martín. En esta última jurisdicción, uno de los más exitosos proyectos REDD es el que monitorea Conservation International (CI) sobre 340,000 hectáreas del Bosque de Protección del Alto Mayo (BPAM), otra área protegida. Se inició en el 2007 y su propósito es evitar que los sembradores de café sigan invadiendo –o quemando- más zonas boscosas.

La coordinación del proyecto se hace con la jefatura del BPAM, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP) y el MINAM. Al 2012, se había verificado la reducción de 2.8 millones de toneladas de CO2 que podrían haber sido emitidas a la atmósfera. Los créditos de carbono de esta iniciativa ya han sido verificados por VCS (Verified Carbon Standard) y por CCB. La financiación inicial del proyecto corre a cargo de The Walt Disney Company.

DESDE PROYECTOS A UNA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

Esta proliferación de iniciativas, algunas ya avanzadas y otras en etapa germinal, ha hecho que en el MINAM se conforme un equipo para montar una Estrategia REDD+, que pueda darle coherencia a todo ese bosque en crecimiento. “Se busca afianzar la gobernanza forestal”, precisa Renzo Giudice, Responsable de Medición, Monitoreo, Reporte y Verificación y escenarios de referencia de REDD+, a la vez que se refiere a 5 objetivos que se buscarían en el Perú.

Los dos primeros, como es obvio, serían reducir la deforestación y degradación de los bosques, para darle sentido al nombre REDD+ precisamente. Otro sería aumentar el stock de carbono que estos bosques almacenan, y los dos adicionales consistirían en que la gestión de los proyectos sean gestionados de manera ‘saludable’ y que el carbono se conserve en el mismo bosque.

El horizonte final, que se lograría en unos años, sería aterrizar en el llamado ‘Enfoque Anidado’ (EA), que a criterio de Claudio Schneider de CI es el más conveniente y el que haría que los proyectos “se desarrollen de manera coherente”. Asimismo, es el que va ganando más aceptación internacional, sobre todo en países como Indonesia o Brasil que, como el Perú, cuentan con numerosos bosques tropicales y una cantidad correspondiente de iniciativas REDD+.

Sintomáticamente, el Perú es el tercer país con más iniciativas REDD+ (las 41 ya consignadas). Antes, según el MINAM,  están Indonesia con 67 y Kenia con 43; después viene Brasil con 39 y luego México con 37. Mayor razón para tratar de poner en un mismo haz los distintos proyectos regionales.

DE MENOS A MÁS

¿Cómo se piensa hacer funcionar el EA en el Perú, donde en las distintas zonas del país ya han brotado, de manera algo descoordinada, distintos proyectos? De acuerdo a Lucas Dourojeanni, otro funcionario del MINAM, con este enfoque “se busca una transición natural y planificada para pasar de actividades de mitigación (los proyectos REDD) todavía locales, a esquemas sectoriales y finalmente nacionales”. Por esa ruta iría la estrategia del Estado peruano al respecto.

Este reordenamiento progresivo requiere de algunos instrumentos básicos. Uno central: hacer un diagnóstico actualizado de la situación de los bosques en el Perú. La cantidad de hectáreas de bosque estimada por el MINAM, al 2012, es de 73’280,424 hectáreas, que es el 57% del territorio nacional. La mayor parte de este porcentaje (53.7%) lo constituyen los bosques húmedos de la Amazonía. El resto se reparte entre bosques secos costeros y bosques y relictos andinos.

La tasa de deforestación -recuerda Giudice- caminó, entre el 2000 y el 2011, a un ritmo de 100 mil hectáreas perdidas al año, por diversos motivos (quema, minería ilegal, cambio de uso del suelo, etc.). Como parte de la Estrategia REDD+ se prevé poner al día esas cifras, pero a la vez agregar un elemento fundamental: un Inventario Nacional de Gases Invernadero, es decir un instrumento que puede ayudarnos a tener un estimado de cuánto stock tenemos guardados en nuestra cobertura boscosa (la principal fuente de emisión en el Perú es la deforestación).

Todo ello en la conciencia de que, a nivel mundial, la incidencia de la deforestación en las emisiones de gases invernadero (GEI) fluctúa alrededor  del 20% y en el Perú, de acuerdo al MINAM, es de 39%. Aunque ha bajado en los últimos años, sigue siendo la fuente principal y, por eso, los proyectos de mitigación forestal son claves para cualquier política nacional ambiental y, dentro de ello, darle coherencia a los proyectos REDD+ resulta fundamental, e inevitable.

Otro factor a tener en cuenta, para que la gobernanza forestal funcione, es establecer con claridad los parámetros para la tenencia, propiedad y derechos de uso las tierras. Más aún, se piensa incluso crear una legislación que garantice “los derechos del carbono”, y que también empodere  a los grupos sociales involucrados en los proyectos. La consulta con los indígenas, o campesinos, resulta en este punto vital, a fin de direccionar bien los beneficios y evitar conflictos.

Como afirma Anne Larson de CIFOR (Center for International Forestry Research), algunos proyectos REDD+, a nivel mundial, funcionan, traen beneficios a la población, ya que la involucran en actividades sostenibles. El  proyecto ‘Tambopata-Bahuaja’, establecido en la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene (Madre de Dios, sur oriente del país) es un caso de cómo se puede caminar hacia otras opciones.

En las áreas de amortiguamiento de estas áreas protegidas (el proyecto se hace para que no se ejerza presión sobre los bosques que albergan las zonas protegidas), los 50 centros poblados y comunidades nativas están amenazados por el crecimiento de la agricultura migratoria y la minería ilegal. Pero este proyecto de AIDER (Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral) está promoviendo en la zona una mayor gobernanza forestal en estas poblaciones.

En otros casos, apunta Larsson, un proyecto REDD+, al propiciar la entrada de dinero, puede hacer que las personas se dediquen a otras actividades. O hasta que se produzcan ‘fugas’ de carbono, que son las que sobrevienen cuando se mantiene en pie un bosque, pero las entradas provenientes de la iniciativa original son dirigidas hacia otras actividades no sostenibles, que siguen sembrando de gases la atmósfera. Así, ir de menos a más no es un asunto sencillo.

ABRIENDO TROCHA

El EA tiene, finalmente, que justamente ‘anidar’ las iniciativas existentes en un marco global que forme parte de las políticas públicas ambientales de un país. En el caso del Perú, ayuda que en algunas regiones, como San Martín, donde la Mesa REDD+, “un espacio de diálogo abierto y transparente”, está presidida por el propio gobierno regional, y a partir de este espacio se ha creado un Comité Consultivo y un Equipo Técnico para analizar las causas de la deforestación en la zona, desarrollar los escenarios de referencia  y evaluar las reservas de carbono.

En esta región, el nivel de deforestación era alarmante (1.6 millones de hectáreas de bosque perdidas en los últimos 50 años, según CI y el gobierno regional), pero ahora este intento de organizar REDD, así como otras iniciativas, están neutralizando la perniciosa deriva. Se podría decir que ya existe allí el germen de un EA regional, que anida las iniciativas existentes, y que puede servir de referencia para que la estrategia global de REDD+ en el Perú se encamine.

Los beneficios serían múltiples. Sólo que para alcanzar un estado de ‘Readiness’ (estar listo para comenzar a implementar REDD+), se tiene que pasar por la Fase de Preparación para REDD+ (diseñando un R-PP, en terminología del Banco Mundial), lo que implica una serie de componentes vitales: la organización y la consulta con quienes estarán involucrados (los pueblos indígenas, por ejemplo), un plan para la preparación de la estrategia en sí, lo que implica un mapeo de las zonas ambientales más vulnerables.

También hacer un listado actualizado de las iniciativas y que se tenga en cuenta las salvaguardas que el Banco Mundial (y otras entidades) establecen para financiar actividades sostenibles. No podrían hacer proyectos REDD+, por citar algunos casos, en zonas en disputa, en territorios de comunidades nativas en aislamiento voluntario, en ecosistemas donde alguna iniciativa traiga más riesgos que beneficios.

El camino, en resumen, no es fácil, ni está exento de obstáculos. El Perú, si hace un adecuado salto de las iniciativas REDD+ jurisdiccionales, de nivel local o regional, hacia nacional, podría dar un giro estratégico en la protección y uso adecuado de sus bosques. Podría asimismo captar más inversiones que financien estos proyectos o acceder más rápidamente al Forest Investment Program (FIP) de la banca multilateral, que podría financiar la estrategia nacional.

MOVIÉNDOSE EN ESA DIRECCIÓN

El país ya es considerado uno de los países pilotos para tal fin de acuerdo a avances en este tema de parte del Verified Carbon Standard, sólo que se tiene que enhebrar las distintas piezas de este rompecabezas forestal. Y al mismo tiempo, tener en cuenta lo que dice Gustavo Suárez de Freitas, director del Programa de Conservación de Bosques del MINAM: “REDD no es el único instrumento para evitar la deforestación”. Se necesita también, por parte del Estado, vigilancia, programas de reforestación, y Ordenamiento Territorial (OT).

Existe una Ley que impulsaría el OT aún no aprobada por el Congreso de la República, ni firmada por el presidente, que, como señala Karina Pinasco, permitiría “ver el territorio de manera integral, con todas sus potencialidades, particularidades, complejidades  y limitaciones”. Esto también ayudaría a los proyectos REDD, en la medida que tendería al orden y el diagnóstico de la situación de nuestros bosques, que son nuestra reserva contra el calentamiento global.

Si todas estas políticas públicas logran darle coherencia a todas las iniciativas REDD+ que existen, si se logra ‘anidar’ todo esto de manera que se conserven más áreas boscosas, y por ende se deje de liberar carbono a la atmósfera, las alturas de Huayabamba, y otros ecosistemas, lo agradecerán. La REDD en redes comenzaría a funcionar y el futuro del Perú sería más sostenible.

 

Ramiro Escobar es periodista especializado en temas ambientales e internacionales, además de profesor universitario. Escribe columnas y reportajes en el diario La República (Perú). Colabora también en el diario El País (España), el portal O'eco amazonía de Brasil y la revista PODER de Perú. Se le puede contactar en meditamundo@gmail.com.

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