Finanzas REDD+: Lecciones del sector privado para el ámbito público

13 de septiembre de 2013 Molly Peters-Stanley

Los gobiernos han prometido dotar con miles de millones de dólares a programas que han sido diseñados para frenar el cambio climático a través de medidas que salvaran la amenazada selva tropical, sin embargo son el sector privado y la sociedad civil los que han conseguido resultados concretos. Aquí presentamos un breve análisis de lo que los políticos encargados de formular los futuros programas públicos pueden aprender de los proyectos existentes del sector privado.

El Proyecto del Corredor de Kasigau que en Kenia que reduce emisiones de deforestación y degradación forestal (“REDD”) protege 200,000 hectáreas de bosques en peligro entre los Parques Nacionales de Tsavo del Este y Tsavo del Oeste. El Proyecto de Carbono Forestal Suruí protege 32,000 hectáreas de selva en peligro en la Amazonia brasileña. El Proyecto Oddar Meanchey de REDD+ en Camboya protege 64,000 hectáreas del bosque amenazado en la provincia noroccidental del mismo nombre. El proyecto REDD más grande del mundo – el Proyecto de Mai Ndombe REDD+ en la República Democrática del Congo – protegerá cerca de 250,000 hectáreas y eliminará aproximadamente 175 millones de toneladas de carbono a lo largo de su vida útil.

 

Más allá del hecho de que todos estos esfuerzos utilizan los mercados de carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la protección de la selva tropical amenazada, cada uno de ellos ha sido impulsado por iniciativas privadas trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos nacionales, estatales y locales, lo que significa que cada uno ha gestionado la identificación de herramientas de mitigación de riesgos – atractivos tanto para el sector privado como público.

 

Por lo tanto, cada esfuerzo viene cargado de enseñanzas para cualquiera que esté intentando desarrollar una intervención REDD que dará el salto de ser un “proyecto” a convertirse en un “programa” – es decir, pasar de privado y local a público y jurisdiccional. Debemos reconocer que aún existen brechas en la información sobre la financiación y las actividades a nivel de proyecto, aunque nuestro sitio hermano, Ecosystem Marketplace ha realizado seguimiento de los proyectos del sector privado desde el año 2005, aportando datos sobre el carbono forestal en el portal Forest Carbon Portal así como en los informesanuales del Estado de los Mercados de Carbono, elaborados para examinar estas lecciones y resultados.

 

Centrándonos en el rastreo a nivel de proyecto, hemos descubierto que el sector privado es más propenso a apoyar aquellos proyectos que presenten por lo menos una fuente de ingresos distinta a la proveniente de la venta de créditos de carbono, ya sea ingresos obtenidos de la venta de productos sostenibles (incluyendo aquellos que son certificados como comercio justo o “Fair trade”) o contribuciones de donantes gubernamentales. La existencia de ingresos que no estén basados en el carbono sugiere a los actores del sector privado que el proyecto probablemente tenga mayor viabilidad económica en caso de que los mercados del carbono resultaran ser una fuente de financiación de proyectos poco duradera.  Nuestras conclusiones más recientes demuestran que el dólar privado también es “móvil” – ya que las empresas prefieren catalizar actividades nuevas en ubicaciones nuevas, lo cual no conducirá de manera intrínseca a las actividades REDD de gran escala y proyectadas a largo plazo.

 

Partiendo de estas conclusiones, surgen las siguientes preguntas: ¿los intereses económicos como único motivo son demasiado inconstantes como para apoyar y ampliar los esfuerzos REDD?, ¿debería recaer la conservación de los bosques exclusivamente sobre los sectores públicos como tradicionales guardianes de los bosques?  En realidad y según lo informado la semana pasada por UNEP FI- Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – los conocedores interesados concluyen que tanto los actores privados como los públicos han de colaborar si el mundo quiere apoyar los proyectos de carbono forestal y de uso de tierras existentes (según encuestas del 2012 realizadas por Ecosystem Marketplace, requiere entre US$2.2 y US$5.4 mil millones para un periodo indeterminado); reducir la deforestación a la mitad entre los años 2015 y 2020 (US$75 - US$300 mil millones de acuerdo a cálculos de Resources for the Future); o la protección de las hectáreas en el mundo que actualmente están en peligro (US$1 mil millones, considerando las 55.5 millones de hectáreas que se perderán entre los años 2010 y 2020, según cálculo del WWF, multiplicado por el precio promedio por hectárea que se paga por bonos REDD en 2011 [$20/ha] de acuerdo a Ecosystem Marketplace). Independientemente de los criterios aplicados, el precio es demasiado alto como para ignorar cualquier persona con ideas de cómo una fuente de financiación significativa puede ser incentivada para actuar.

 

Para este fin, los promotores de proyectos privados que han optimizado sus modelos de negocio para “sobrevivir” el mercado, proporcionan una prueba de la idea de silvicultura de conservación financiada a nivel internacional. Ellos comprenden muy bien por qué el sector privado se involucra – o se retira – de la financiación de los bosques, pues han adquirido una experiencia directa con accionistas del sector privado a lo largo de décadas. También pueden jactarse de experiencia de primera mano en procesos de aprobación con gobiernos nacionales y regionales, así como sus carencias de capacidad – incluyendo, con frecuencia, un profundo entendimiento del alcance de capacidad de los gobiernos locales para el cumplimiento.

 

Muchos actores entienden ya el valor de las lecciones que proporcionan estas acciones piloto privadas. Por esta razón, el Verified Carbon Standard y American Carbon Registry están trabajando con los gobiernos nacionales en sistemas de REDD+ Jurisdiccional Anidado (ó Jurisdictional Nested REDD, JNR, por sus siglas en inglés), que asegura que los proyectos existentes puedan ser absorbidos por los programas nacionales de contabilidad. Es por eso que el gobierno noruego inclusive está ayudando a pilotear programas anidados alrededor del mundo.

 

Y también es la razón por la cual las iniciativas de Forest Trends’ Ecosystem Marketplace y Seguimiento al financiamiento para REDD (REDDX) monitorean pagos – tanto públicos como privados, ascendentes y descendentes (ó top-down y bottom-up”) – para descubrir los “puntos ideales” donde los programas gubernamentales REDD emergentes han logrado comprometer de manera exitosa al sector privado como inversor, implementador, o (en el mejor de los casos) como ambos. Por lo tanto, lecciones de acción privadas para la esfera pública para el aumento de inversión privada, incluyen (aunque no se limitan a):

  • La debida consideración y reconocimiento de las acciones tempranas de los actores privados a través de apoyo público de actividades a nivel de proyecto que generan créditos. Indicadores de que los gobiernos apoyarán proyectos de acción temprana en REDD (a través de garantías de crédito de compra como “comprador del ultimo recurso” u otros programas de compra) ayudarían a reducir riesgos de nuevas inversiones o proyectos que necesiten de refinanciación y podrían ser implementados para recompensar a aquellos que ya están explorando la implementación de REDD en campo, conjuntamente con el desarrollo de enfoques REDD en mayor escala. En algunos países, estos enfoques ya han tenido éxito en otros sectores, como analiza este informe.
  • Adoptar políticas que favorezcan la “cero-deforestación” o productos/mercancías bajos en carbono a través del reconocimiento de productos obtenidos de proyectos, actividades o áreas REDD verificados.
  • Interacción con actores privados para explorar mecanismos de financiación vinculados al carbono, como bonos de ingreso por carbono/REDD, desarrollo de nuevas estructuras contractuales público-privadas que proporcionan reducciones de emisiones REDD de bajo costo. Este tipo de esfuerzos aprovecharía la experiencia temprana que promotores de proyectos tienen con gobiernos donantes que apoyan los programas emergentes de REDD Jurisdiccional y Anidado.

A menos que los responsables de elaborar las políticas estén dispuestos a incorporar más lecciones de las empresas que ya están comprando bonos de proyectos REDD o de los promotores que los están creando, se corre el riesgo de volver a crear el tratamiento menos que óptimo que el Protocolo de Kioto da a los derivados del carbono forestal. El mundo necesita un mecanismo que incorpore métodos probados que funcionan. Y eso requiere más financiamiento para proyectos piloto y más esfuerzos para aprovechar los proyectos ya existentes para obtener perspectivas que puedan ser transmitidas desde la sala de juntas hasta Bonn.

 

 

Molly Peters-Stanley es Co-Directora Gerente de Ecosystem Marketplace. Estas opiniones son suyas y no representan las de Ecosystem Marketplace, ODI o de Climate Funds Update. 

Traducido por Judy Carrera, SPDA.

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