Perú hacia la aprobación de una Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos

15 de abril de 2014 Elisa Arca

El pasado 10 diciembre de 2013, una comisión del Congreso de la República de Perú aprobó el dictamen de la ley que oficializaría y pondría en marcha efectiva mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en ese país. 

 

 

De acuerdo a sus gestores, este dictamen de ley aprobada por la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso, busca diversificar el tipo de servicio ecosistémico por el que se recibiría una retribución. Se propone, además, usar una figura de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, una de las más empleadas en el territorio peruano (posiblemente, porque es posible reconocer quiénes son los proveedores y quiénes los usuarios, según su ubicación en la cuenca).

El mecanismo de retribución, tal como lo dicta este dictamen presupone la existencia de dos grupos “haciendo uso” de un ecosistema. El primero lo constituyen los contribuyentes. Estos pueden ser concesionarios para conservación, ecoturismo, titulares de predios, comunidades nativas, campesinas, entre otros. Ellos tendrían un incentivo para conservar, recuperar o usar sosteniblemente determinada zona.

Aquel incentivo proviene del segundo grupo en cuestión: los retribuyentes, compuestos por la sociedad civil, empresas, municipalidades, u otras organizaciones, incluyendo internacionales. Estos agentes serán identificados por el Ministerio del Ambiente, que tiene un rol central en este mecanismo al ser esta entidad la encargada de mantener un registro único de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. 

De esta forma, además de la protección del recurso hídrico, se busca la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de la belleza escénica.

La intención de establecer un marco legal para este tipo de mecanismos se remonta al menos al año 2008, pero ninguna propuesta habia antes sido aprobada por dicha comisión del Congreso.

 

LOS RETOS DE LA LEY

En vista de que se trata de una norma promotora que regula un acuerdo voluntario, el rol del Estado se limita a sentar las bases para el tratamiento de los servicios ecosistémicos. Para José Luis Capella, Director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental: “Desde el punto de vista teórico, de principios, es un acuerdo voluntario y se firma un contrato entre privados. Pero si bien es cierto que es un contrato entre privados, el Estado es titular de los recursos naturales mantenidos en su fuente, entonces se requiere de su participación para el funcionamiento del mecanismo”.

La supervisión del cumplimiento del acuerdo entre las partes va a depender del tipo de mecanismo. En algunos casos, como en el de REDD, son las certificaciones y estándares internacionales los que deben garantizar el cumplimiento y la eficacia del acuerdo.

Consultado, Nestor Valqui, presidente de la Comisión del Congreso peruano que vio el tema -y uno de los impulsores de la ley- señala que la norma no prevé la existencia de precondiciones para su aplicación. No obstante, podría decirse que es necesario tener en cuenta algunas “condiciones mínimas” para que esta ley funcione de manera adecuada. Por ejemplo, contar con seguridad jurídica sobre los espacios donde se aplica el esquema. De lo contrario, se plantearía la dificultad de saber a quién beneficiar. 

A su turno, Capella sugiere que se tomen en cuenta en el diseño de los proyectos en el campo la resolución de este tipo de conflictos de manera convergente al otorgamiento de algún tipo de beneficio.

Sin embargo, las posiciones sobre la presencia del Estado son divergentes. Algunas instituciones reclaman una mayor presencia, con el fin de proteger comunidades alejadas en donde la asimetría de información podría llevar a tomar decisiones en las que las comunidades sientan sus derechos vulnerados. Con respecto a estas opiniones, Capella señala: “en este momento lo que se necesita es tratar de hacer que haya más esquemas y seguramente en un segundo momento habrá más regulación”.

Sobre el tema de la consulta previa, Nestor Valqui señala que solo se llevará a cabo en caso se afecte de manera directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La ley precisa que las normas complementarias que impliquen afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas deben cumplir con el procedimiento de consulta previa. Con respecto a este punto Jose Luis Capella considera que “es importante que todos los actores que van a verse beneficiados con esta norma sean informados adecuadamente, reconozcan las ventajas de contar con una legislación de este tipo y contribuyan con su aprobación. La idea es que los principales actores vinculados acepten que esta norma genera oportunidades a favor de los que están más cerca del bosque”. 

Para el especialista, uno de los principales retos a los que se enfrenta la puesta en marcha de la ley es la capacidad de involucrar a actores capaces de implementar la norma, tales como gobiernos regionales, pero también a otras carteras además del Ministerio del Ambiente, tales como el Ministerio de Agricultura y Riego -que tiene competencias en cuanto a gestión del agua (ANA) y forestal y fauna silvestre (SERFOR)-, los usuarios del bosque, los pueblos indígenas, las entidades no gubernamentales, la sociedad civil en general, pero en particular la empresa, son actores que deben incorporar el concepto de retribución por los beneficios que reciben de los ecosistemas.

Paralela a la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso de la República, una serie de acciones se están llevando a cabo para garantizar la implementación efectiva de mecanismos que aseguren la provisión permanente de los servicios ecosistémicos. Una de ellas es la Incubadora de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (liderada por el Ministerio del Ambiente en asociación con Forest Trends y otras organizaciones) la que, desde el año 2012, brinda asesoría legal y es un espacio para el fortalecimiento de capacidades que permite encaminar proyectos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos.

 

 

LOS RETOS DE LA HISTORIA

La nueva propuesta, puesta a debate, busca un marco promotor simplificado para que estos mecanismos se implementen con cada vez mayor frecuencia. En esencia, la norma sigue tras un viejo anhelo: que quienes ayuden a conservar y mejorar los servicios ecosistémicos, establezcan un acuerdo con quienes estén dispuestos voluntariamente a retribuir por ellos.

Un mecanismo de este tipo se implementó por primera vez en el 2004, cuando se detectó la degradación de las microcuencas de Mishiquiyacu-Rumiyacu, ubicadas en la provincia de Moyobamba, en la ceja de selva de la región peruana de San Martín. En esa ocasión, la retribución no monetaria destinada a esa zona consistió en apoyo técnico y provisión de insumos y herramientas para prácticas productivas sostenibles. Los proveedores de los servicios (los contribuyentes, de acuerdo a la propuesta) llevaron a cabo un proceso de conversión de sus actividades económicas, mejorando aquellas prácticas que causaban impactos negativos en la cuenca, por prácticas que la conservan y mejoran la provisión de servicios ecosistémicos. 

De esta manera, aquellos que se beneficiaron del recurso -los pobladores de la ciudad de Moyobamba- hicieron un aporte voluntario (de un nuevo sol) a través del pago mensual del recibo de agua potable. Así, se hacía posible financiar la protección de la parte alta de las microcuencas. 

 

Elisa Arca es periodista. Vive en Lima, donde escribe para el sitio web Cambia.pe. Puedes contactarla en el correo elisa.arca@gmail.com.

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