Perspectivas y avances con servicios ambientales en Argentina

Photo credits: agro.uba.ar
8 de agosto de 2013 Ana Prieto

La provisión de servicios ambientales en Argentina ha tenido menor prioridad frente a los intereses económicos en el país. Vacíos en la información acerca de la importancia vital de los servicios ambientales, sus alternativas de uso y planificación complican el avance en esquemas de servicios ecosistémicos. Valorando Naturaleza presenta algunos modelos y ejemplos en camino en el Chaco y en Misiones que vale la pena mirar de cerca. Pero queda mucho por hacer.

La profusión de pasturas y tierras de cultivo en las últimas décadas en la Argentina ha ido en desmedro de los ecosistemas naturales, presentando una verdadera amenaza a la provisión de servicios ambientales, fundamentales para una producción sostenible. La economía argentina se ha desarrollado históricamente en torno al sector agrícola-ganadero, cuyo despliegue ha sido posible gracias a los recursos naturales del país y los servicios ambientales que ofrecen.  Pero estos han tenido menor prioridad frente a los intereses económicos, y han sido víctima de verdaderos vacíos en la información acerca de su importancia vital, sus alternativas de uso y planificación.

De igual modo, la implementación de políticas estatales se topa con trabas burocráticas o deficientes estrategias de implementación. Sin embargo, se ha evidenciado paralelamente una mejora en la conciencia pública por el cuidado de los ecosistemas y por un manejo sustentable de los recursos naturales, al tiempo que los mercados prestan más atención a los procesos de producción sostenible y socialmente equitativos.

En Argentina, los esquemas de Pago por Servicios Ambientales son todavía incipientes, pero crecen a paso firme. Son alentados por organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación, empresas y también por el estado: la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Conservación de Bosques Nativos, reglamentada en el año 2009, brinda el marco normativo para el diseño e implementación de PSA en todas las provincias forestales.

Aunque es una gran noticia en un país que ha perdido el 70% de sus bosques nativos, y ya 20 provincias han realizado el reordenamiento territorial de sus bosques nativos, se incumple sistemáticamente con el presupuesto gubernamental destinado a implementar la Ley. En febrero pasado, Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre Argentina elaboraron el informe Ley de bosques: 5 años con pocos avances  donde afirman que el año 2013 no ha sido una excepción para el incumplimiento de la partida presupuestaria: para la conservación y uso sustentable de los bosques nativos de la Argentina se destinaron 230 millones de pesos argentinos (US$ 41.653.000), apenas el 10% de los 2.300 millones que debieron asignarse. Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20%, el desmonte sigue siendo preocupante, sobre todo en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, que sumaron, entre los años 2008 y 2011, un total de 932.109 hectáreas deforestadas.

 

NOTICIAS DESDE EL GRAN CHACO

Uno de las experiencias en pleno funcionamiento es el de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), que trabaja en dos vertientes: por un lado el mercado voluntario de carbono, y por otro el PSA posibilitado por la reglamentación de la Ley Nacional 26.331. 

El trabajo de ACDI en el mercado voluntario de carbono se realiza junto a la Fundación Gran Chaco a través de la red Treedom, y abarca la zona más crítica del vasto territorio llamado Gran Chaco, incluyendo la zona de El Impenetrable, el oeste de la provincia de Formosa, y el este de la provincia de Salta. Habitado por campesinos, pequeños productores rurales y comunidades indígenas, la región constituye uno de los bolsones de pobreza más grandes del país, y esa situación de crisis, sumada al corrimiento de la frontera agrícola y ganadera, ha influido negativa y sistemáticamente sobre el bosque nativo chaqueño.

 Mapa Chaco Cortesia ACDI

Apoyando poblaciones vulnerables con opciones

Y el bosque nativo, o “monte” como lo llaman los lugareños, es vida para los habitantes del Gran Chaco. Juan Segundo, forestador de la comunidad Toba, dice: “Al monte hay que cuidarlo, lo que se perdió hay que recuperarlo. Sin el monte no podemos hacer nada, porque es de ahí donde sacamos todo”. Susana, que trabaja en una cooperativa de artesanas de la comunidad Wichí, afirma: “El monte es lo que nos ayuda: nos hermana, nos sana, nos alimenta. Es nuestro espacio de libertad”.

Mauricio Moresco, Jefe de Proyectos de ACDI, contó a Valorando Naturaleza que el objetivo de Treedom en Argentina es “transferir recursos desde aquellas empresas o individuos que quieren compensar sus emisiones de carbono hacia lugares vulnerables, para favorecer la forestación con especies nativas y trabajar en la reconstrucción de las condiciones naturales del bosque.”

 

¿A quién le interesa compensar a través de este proyecto?

Las empresas que se han sumado a esta iniciativa, implementada en el año 2011, son el grupo Macro y la empresa agroalimentaria industrial Cabaña Argentina. De forma exploratoria, y a través de Treedom, estas compañías han comenzado a compensar las emisiones calculadas sobre sus eventos anuales. Por su parte, y a través de ACDI, la representación argentina de Mercedes Benz está calculando sus emisiones para desarrollar distintas alternativas de compensación en el mediano plazo.

El proyecto de Treedom en el Gran Chaco se ha ganado también la confianza de Fundación AVINA, que decidió comprar el equivalente a 84 toneladas de CO2 para compensar las emisiones de la energía consumida en la plenaria de 2013, que reunió a colaboradores de quince países de América Latina. AVINA se interesó el proyecto de ACDI porque conoce la seriedad de su trayectoria, por haber trabajado en conjunto en estrategias en el Gran Chaco, por la representatividad del bioma implicado, y finalmente por la transparencia en el mecanismo de acompañamiento de los árboles plantados y el monitoreo de compensación.

Treedom alienta además, la participación de personas individuales, que pueden entrar a la página web, pedir el cálculo de sus emisiones y compensarlas con la plantación del equivalente en árboles, mediante un pago con tarjeta de crédito. Por ejemplo, Treedom ofrece una compensación de 500 kgs o 0.5 toneladas de CO2 por un algarrobo, al precio de 7,90 euros. Estos algarrobos son plantados en la región del “Gran Chaco Semiárido” (400 a 500 mm de pluviometría) en comunidades indígenas, donde la tasa de crecimiento es más lenta que la de árboles de la misma especie de zonas húmedas, y por tanto el carbono capturado en un mismo lapso resulta, también, comparativamente menor.

 

UNA APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

¿Por qué estas empresas y fundaciones eligen Treedom en lugar de los mercados regulados de carbono? En palabras de Moresco, ese mercado supone a la vez un alto costo en certificaciones, un largo tiempo hasta la culminación del trámite y cierta sensación de poca transparencia. “Treedom ofrece una transparencia altísima de que el dinero en pago por compensación ha ido directamente a una planta: empresas y privados pueden ver en un mapa en el sitio del Proyecto en Treedom el árbol específico con su nombre y dedicación personal como el que envió Macro Feliz navidad. Te envío la esperanza de un mundo más verde. Cada planta que ponemos en el gran Chaco es fotografiada, georreferenciada y subida a nuestra plataforma. Y cada 3 años se hace la misma auditoría para garantizar que el árbol plantado sigue capturando carbono.”

Las imágenes georreferenciadas suponen un uso novedoso y barato de las nuevas tecnologías, y reemplazan los certificados de compensación tradicionales. Además se les puede dar múltiples usos: “Las empresas entregan estas fotografías como regalo a los asistentes a un evento, quienes entran al sitio y registran un árbol ya pagado a su nombre. Aquí juega un gran papel la creatividad en las estrategias de marketing para potenciar la marca y difundir su estrategia de sustentabilidad”, dice Moresco.

Pero aparte de hacer una compensación por sus emisiones, las empresas alientan el impacto social: “Hoy en Argentina no hay ningún proyecto aprobado para el sector agroalimentario en los mercados regulados de carbono; es imposible que comunidades pequeñas, vulnerables y que están sufriendo el cambio climático, como las del Gran Chacho, accedan a esos beneficios. Las especies que se están reconstruyendo gracias a Treedom, ayudan a la seguridad alimentaria de la población, dan trabajo de forestación y reconstruyen el ambiente, permitiéndoles seguir viviendo de sus recursos naturales.” 

 

DEL ESTADO A LA COMUNIDAD 

La otra línea de trabajo de ACDI se relaciona con la ya citada Ley de Bosques, que supone un PSA otorgado por el estado argentino, una vez que se ha presentado un proyecto de sustentabilidad. Este proceso es complejo: primero se necesita que cada provincia haya definido territorialmente la vulnerabilidad de sus bosques y sus determinaciones de uso. A partir de allí, los propietarios de la tierra pueden presentar proyectos para que el estado financie sus planes de inversión por tiempo limitado. En este sentido, y siempre en el Gran Chaco, ACDI ayuda a pequeños productores a acceder a la Ley: “No es sencillo”, dice Moresco. “Hemos armado el proyecto El futuro está en el monte con un equipo interdisciplinario, estudios de impacto, inventarios forestales y demás. Tenemos planes que duran de 3 a 5 años, en los que llegan recursos del estado para que los productores pueden realizar actividades rentables, en un sistema productivo que no perjudique al bosque, y que suponga, además, su uso sustentable.” De este modo, y a través de la Ley 26.331, ACDI impulsa el manejo sustentable de 500 mil hectáreas, a través el trabajo de con 2 mil mujeres artesanas, 730 pequeños productores, 800 forestadores y 450 apicultores. 

 

POR LA VIDA EN EL PARANÁ

La Fundación Vida Silvestre Argentina se afirma también en estrategias de compensación, y trabaja por la recuperación del monte nativo en los márgenes de arroyo de Andresito, en la provincia de Misiones. Esa localidad está ubicada en una zona crítica de conservación, conectada a los Parques Nacionales Iguazú en Argentina y Brasil, y los Parques Provinciales Urugua-í y Guardaparque Horacio Foerster. En los últimos 40 años, perdió el 50% de su cobertura forestal, y con ello capital natural y servicios ambientales de producción agrícola. El desgaste del suelo se hace sentir: “Los yerbales de Andresito fueron conocidos por producir 20 mil kilos de yerba por año” cuenta Manuel Jaramillo, coordinador del Programa Selva Paranense. “Hoy no hay un yerbal que produzca más de 8 mil”.                    

Con el apoyo del Ecosystem Grant Program (EGP), del Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el respaldo de la comunidad, la Fundación inició el proyecto Aplicación de incentivos fiscales para actividades de restauración en áreas prioritarias de la Cuenca del Río Paraná. En el marco de la Ley 26.432 de Inversiones para Bosques Cultivados, se presentó una solicitud de subsidio para instalar 40 hectáreas de plantaciones de especies nativas. Gracias al trabajo de 36 productores –que se vieron directamente beneficiados por un PSA para realizar la tarea- se han reforestado 100 hectáreas y se prevé, para el 2013, otras 35 hectáreas más, con 15 productores. 

Es positivo porque es la primer experiencia concreta de generar condiciones para producir servicios ambientales. El éxito radica en gran medida en que descentralizaron la implantación hacia Gobiernos Locales. Paralelamente, ese municipio cuenta con oficinas de gestión ambiental lo cual dinamiza las cosas”, dice Liliana Ortega, del Fondo Paranaense REDD++ que está siendo impulsado desde Misiones con la participación de varios gobiernos locales y algunas empresas.

 

BENEFICIOS COLATERALES 

Paralelamente, Fundación Vida Silvestre está trabajando con el municipio de Andresito para constituir un mercado consignatario de alimentos. “La idea es que los productores de la zona, que está a sólo 50 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú, abastezcan gran parte de su mercado gastronómico, a través de la capacitación en buenas prácticas agrícolas y de un estudio de mercado y un plan de negocios”. En este sentido, la Fundación trabaja en las siguientes líneas:

- Identificación de la necesidad del mercado gastronómico y hotelero de Puerto Iguazú (más de 1.2 millones de turistas año), en relación a productos frescos de huerta.

- Diseño del plan de negocios para ese mercado (cantidad, calidad, estacionalidad, continuidad).

- Diseño un plan de buenas prácticas agrícolas para el abastecimiento de ese plan de negocios.

- Capacitación de productores.

- Ofrecimiento de fondos semillas para la adopción de nuevas prácticas

- Apoyo al gobierno local en el proceso de acopio de mercaderías y de comercialización 

“El desafío hoy es conseguir un mercado y producir algo que los productores puedan vender a un precio razonable”, dice Jaramillo. “Invertir en buscar estos mecanismos de acceso al financiamiento para la reconversión productiva, es lo que nosotros consideramos una compensación por servicio ambiental.”

 

IMPORTANCIA GLOBAL 

En el mes de abril se desarrolló en la localidad de Oberá, en Misiones, el "Taller de conservación de servicios ecosistémicos”, en el que se presentó el proyecto Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, y ejecutado en forma conjunta por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Ese proyecto apoyará la creación de un esquema de pago por servicio hídrico en la Cuenca del Arroyo Ramón, cerca de la ciudad de Oberá, alentando el contacto entre proveedores y beneficiarios de dicho servicio, y diseñando los mecanismos para hacer operativo el pago. De manera que, si bien el proyecto no financia los servicios ecosistémicos, sí brinda apoyo a los productores de la cuenca para que cumplan con los aspectos técnicos que se necesitan para recibir el PSA correspondiente. En contrapartida, se espera que ellos implementen las prácticas propuestas en los Planes de Manejo que se diseñen en conjunto, y permitan que personal técnico del proyecto realice el monitoreo de servicios ecosistémicos (carbono, biodiversidad, servicio hídrico) para medir el efecto que dichas prácticas tienen sobre la cuenca. Al respecto, José A. Gobbi, de la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez del INTA, ha declarado que “hay productos que generan servicios ecosistémicos, que benefician al hombre, capturan nutrientes y generan un hábitat para la diversidad, pero no son rentables a largo plazo y entonces se los deja de aplicar. La idea es apuntalar a esos productores y compensarlos para que sigan haciendo lo correcto”.

Se han organizado, además, cuatro proyectos piloto: Chaco (área entre Juan José Castelli, Pampa del Infierno y el parque provincial Las Pirámides, 150 mil Ha), Formosa (área de Ibarreta, en el departamento de Patiño, 150 mil Ha), Entre Ríos (aldea Santa María, 15 mil Ha) y Jujuy (cuenca Perico Manantiales, 130 mil Ha).

 

MUCHO POR HACER

A paso lento pero con firmeza, los esquemas de pago por servicios ambientales empiezan a hacerse un lugar en la Argentina, donde la implementación de la Ley de Bosques y la aplicación de los Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos permitirán adquirir una experiencia de política pública en elterreno, y testear su verdadero alcance. “Veremos si estas iniciativas funcionan con la idiosincrasia argentina; con nuestra forma de hacer las cosas”, dice Gobbi, para quien podrá tenerse una idea cabal de funcionamiento y resultado de estos incipientes esquemas dentro de algunos años, cuando empiecen a arrojar resultados palpables y sistemáticos. De igual modo, sólo dentro de algún tiempo habrán aumentado los recursos humanos capacitados y comprometidos con el diseño e implementación de esquemas de pago por servicios ambientales en el país.

Ana Prieto nació en Mendoza, Argentina. Es licenciada en Comunicación Social y periodista freelance especializada en cultura y sociedad. Colabora regularmente en Revista Ñ del diario Clarín y ha escrito en las revistas Brando, Travesías y Orsai, entre otros medios. La puedes contactar vía twitter @anaprieto 

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