¿Tabaco o Carbono? Se crea un fondo para conservar la selva paranaense argentina

Photo credits: Fundación Vida Silvestre Argentina
27 de noviembre de 2013 Victoria Reynal

Luego de tres años de esfuerzos, siete municipios, una consultora y cinco empresas forestales firmaron la constitución de un fideicomiso llamado Fondo Paranaense, para conseguir fondos que permitan diseñar e implementar proyectos REDD+ y REDD++ en Argentina. Este paso inicial posibilita la obtención de financiación para proteger la mayor cantidad posible de la selva paranaense argentina, altamente biodiversa y gravemente amenazada. Los siete municipios suman 1.500.000 hectáreas.

La selva paranaense, una ecorregión que forma parte de la Mata Atlántica, está ubicada en la provincia argentina de Misiones, al sur de Brasil y al este de Paraguay. Es una de las selvas más biodiversas del planeta, y, a su vez, de las zonas más afectadas por la deforestación, a nivel nacional, según estudios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en Argentina. Debido a la tala indiscriminada de los últimos años y al avance de la frontera agrícola no planificada, hoy queda menos de 8% de su superficie original a nivel continental. Diferentes organizaciones vienen desarrollando proyectos e iniciativas para intentar detener la deforestación allí. Entre ellas, la compañía argentina ECONDS (Ecología, Conciencia y Desarrollo Sustentable), que en agosto logró que se firme un contrato de fideicomiso conformado por siete gobiernos municipales, cinco empresas forestales y la misma ECONDS. En conjunto, buscarán obtener financiación nacional e internacional para implementar proyectos de conservación y manejo sustentable de los bosques de la provincia argentina de Misiones.

Juntos, los siete municipios de Comandante Andresito, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, San Vicente, San Pedro, El Soberbio y Colonia Aurora suman 1.500.000 hectáreas, ó 15.000 km2, un área del tamaño de la mitad de la superficie de Bélgica. Todos ellos han dictado ordenanzas que reconocen legalmente la participación de cada municipio en el proyecto, lo que significa que le han dado carácter de política de Estado.

Inicialmente, explica Liliana Ortega, líder de proyecto de ECONDS, la estrategia consistió en buscar trabajar junto con el gobierno de la provincia de Misiones y el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno nacional desestimó la propuesta, lo que detuvo momentáneamente el proyecto. Se re-direccionó el plan y se enfocaron  los esfuerzos  en tejer una alianza con los gobiernos municipales de la zona. Según Ortega, esto representó un beneficio inesperado, ya que “los municipios tienen más conciencia del cambio climático, y un contacto directo con las problemáticas generadas por este”.

 

PROXIMOS PASOS PARA LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL FONDO

La estructura operativa para comenzar a trabajar en la conservación de la selva ya está desarrollada. Ahora, el Fondo Paranaense necesita avanzar en cuestiones clave en términos financieros, como son conseguir el aval del gobierno nacional frente a organismos internacionales, ya que esto es requisito excluyente para poder aplicar a la obtención de fondos. El Fondo Amazonia del BNDES en Brasil requiere que el proyecto sea presentado por el gobierno de Argentina para otorgar financiamiento; no es suficiente que lo haga el organismo de aplicación ambiental. Asimismo, tanto el Banco Mundial como la ONU exigen documentos de aprobación por parte de los gobiernos nacionales para apoyar una iniciativa como la del Fideicomiso, en relación al pago por reducciones de emisiones.

Otro paso próximo y crucial es la formación de una fundación local que será la encargada de gestionar la implementación de los proyectos REDD+ y REDD++. Para lograrlo, se está presentando la iniciativa a personas que tienen representatividad en instituciones vinculadas a la selva o a las ciencias, como por ejemplo el rector de la Facultad de Ciencias Forestales, el presidente del CONICET, y un representante del Consorcio de Municipios. A su vez, se debe definir qué organismo internacional será el administrador financiero del fideicomiso; se considera a las agencias de la ONU como las mejores alternativas, aunque según Liliana Ortega “hoy en día las alianzas mixtas público-privadas generan mayor confiabilidad de agilidad en la aplicación de los recursos.

Existe una muy abarcativa lista de actividades que se espera que los fondos financien:

1)      Poner en funcionamiento la fundación que gestionará los proyectos en campo.

2)      Construir capacidades en los gobiernos locales.

3)      Financiar actividades y estudios readiness, incluyendo un mapa de cambio de uso del suelo REDD++, metodologías de monitoreo terrestre de Tier 3, metodología para realizar inventarios forestales locales, metodologías de restauración, enriquecimiento y reforestación con especies nativas, metodología de monitoreo de emisiones y remoción de dióxido de carbono, un programa intermunicipal de promoción agro-forestal REDD++, un programa de capacitación técnica en monitoreo Tier 3, un sistema de pagos compensatorios REDD++, un sistema de micro créditos sustentables y de micro seguro climáticos.

4)      Financiar programas públicos municipales REDD++.

5)      Financiar programas público-privados de monitoreo y control ambiental REDD++.

6)      Financiar proyectos REDD+ y REDD++.

 

EL PERFIL DE LOS PROYECTOS EN DESARROLLO

Como primer paso para generar almacenamiento de carbono, se buscará detener la deforestación a través de los proyectos y programas. Luego, una de las posibilidades es desarrollar proyectos agro-forestales, combinando la producción de alimentos con la conservación de los bosques. La idea es implementar tanto proyectos REDD+ como REDD++. Explica Ortega: “los proyectos REDD+ serán ejecutados por las empresas forestales y se centran en la degradación evitada (con restauración) más que en la deforestación evitada.” En este sentido, se generarán áreas para la recuperación o mantenimiento de la biodiversidad, lo que permitirá generar activos que cubrirán el costo de oportunidad de la no explotación forestal, de aproximadamente U$350/Ha/año.

Por su parte, los proyectos REDD++ se orientan a detener la deforestación en las áreas de amortiguación de las reservas forestales públicas y privadas, para conservar y restaurar los remanentes existentes.  También se reforestarán tierras degradadas y se reorientarán las actividades productivas poco sustentables hacia otras más amigables con el ambiente. Los proyectos REDD++ generarán activos que cubrirán el costo de oportunidad de la actividad agrícola que se deja de implementar para conservar los remanentes. Generalmente, se deberá cubrir el costo de oportunidad del cultivo de tabaco, que ronda los US$ 1000/Ha/año. Dado que se busca generar un aumento en los ingresos generales de las unidades productivas, lo que desencadenará beneficios sociales; estas iniciativas se consideran REDD++. 

El almacenamiento de carbono y la conservación de la selva, enmarcados en la operatoria REDD, son considerados por los municipios como actividades productivas. De hecho, a partir de la conservación se generan activos cuya unidad de medida es cada hectárea de selva conservada. Su valor se definirá en función del costo de oportunidad de la actividad que se dejó de lado para permitir la conservación. Esto es fundamental para que la conservación pueda competir con otras actividades productivas que actualmente generan renta pero destruyen la selva, como la ganadería, el cultivo de tabaco y la extracción de árboles.

 

¿POR QUÉ ARRANCAR CON EL FONDO EN VEZ DE CON LOS PROYECTOS?

A diferencia de muchos proyectos de conservación y generación de créditos REDD que comienzan por implementar acciones y desarrollar proyectos, en el caso del Fondo Paranaense se priorizó la estructura para luego buscar financiamiento y comenzar con la etapa de implementación. Ortega explica el porqué de esta diferencia: “en la Argentina, no existen capacidades construidas para poder producir almacenamiento de carbono; no hay estudios de línea de base, ni de costo de oportunidad, ni programas de monitoreo ni metodologías de monitoreo.” Por ello, se considera importante construir estas capacidades y “garantizar integridad ambiental a las iniciativas REDD++”. Generalmente, “son los Estados nacionales los que lideran y avanzan en las tres fases de implementación de la estrategia REDD. Sin embargo, el gobierno argentino permanece en la fase 1 desde hace más de tres años, lo que representa un obstáculo para proyectos como el Fondo Paranaense.”

Otra meta buscada por el Fondo consiste en reducir los costos de transacción y producción de proyectos REDD, que actualmente vuelven inviables muchas iniciativas REDD+. Es por ello que el Fondo Paranaense busca reducir estos costos construyendo capacidades en los municipios y generando escala.

El ingeniero agrónomo Mario Dante Benitez, coordinador REDD++ del Municipio de San Antonio, aclara: “los retos recién comienzan, hay mucho por hacer, consolidarnos, generar confianza y ser totalmente transparentes en todo aspecto para así atraer a los inversores interesados”. En este sentido, el fideicomiso fue diseñado para ser especialmente transparente y permitir la participación de los inversores. El Fondo tiene un comité orientador, formado por todas las partes que conforman el Fondo, incluidos los inversores, que toma las decisiones principales, en reuniones anuales. 

 

Frente a la galopante deforestación y degradación de la selva paranaense, este Fondo público-privado constituye un mecanismo esperanzador y con mucho potencial. El hecho de que siete gobiernos municipales hayan modificado su legislación y estén trabajando en conjunto para proteger su selva indica que existe voluntad política y una visión compartida clara.

 


Victoria Reynal es asesora en política ambiental y proyectos de sustentabilidad. También escribe en forma independiente sobre temáticas ambientales. Fue redactora y editora del blog Sustentator. Tiene publicaciones en la Revista Ecosistema y en la Revista Perspectives. La puedes encontrar en vreynal@gmail.com


 

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