Tribunal de California decide: El sistema de comercio de emisiones no es un impuesto

8 de diciembre de 2013 Allie Goldstein

Una sentencia de la Corte Superior de Sacramento confirma la legalidad del programa de comercio de emisiones de California. Este sistema podría recaudar entre 12 mil millones y hasta 70 mil millones de dólares para el Estado, pero la semana pasada un juez sentenció que el programa no constituye un impuesto, en parte porque la “licencia para emitir” no es gratuita.

La Corte Superior de Sacramento defendió la semana pasada el programa de comercio de emisiones californiano contra dos ataques a su sistema de subastas de permisos de emisión en el mercado del carbono. Esta decisión no sorprende teniendo en cuenta que en agosto la resolución provisional había sido a favor de la Junta de Recursos Aéreos (ó ARB por sus siglas en inglés), pero su confirmación por la corte superior supone un importante paso hacia la consolidación de la legalidad de lo que es el primer mercado de carbono subnacional de los Estados Unidos.

 

Las demandas que fueron presentadas por la Cámara de Comercio de California y la Fundación Legal del Pacífico (ó PLF por sus siglas en inglés), disputaban la venta o subasta de derechos de emisión de carbono con el argumento de que (1) las subastas se encuentren fuera del ámbito de las facultades de la JRA y (2) a las subastas les corresponden un carácter de impuesto.

 

La primera objeción fue relativamente fácil de desestimar. Según Cara Horowitz, abogada y directora ejecutiva del Centro Emmet de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), la Ley AB32 del año 2006, con la que comenzaron los esfuerzos de California para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al nivel del año 1990 hasta el 2020, otorga a la JRA “amplias facultades para proyectar un sistema de reducción de emisiones”.

 

La interrogante de si las subastas constituían un impuesto, se presentó algo más complicada de resolver. De hecho, se espera que la venta de derechos de emisión genere una gran cantidad de fondos: La Oficina de Análisis Legislativo calcula que la venta de derechos de emisión podría recaudar US$12 mil millones y hasta US$70 mil millones de ingresos para California a lo largo del programa de comercio de emisiones de carbono, hasta el año 2020. Hasta ahora ha recaudado cerca de US$300 millones. Los fondos provenientes de la venta de derechos de emisión están destinados a inversiones que fomenten la reducción de emisiones de GEI y el 25% pasa a proyectos que benefician a las comunidades menos favorecidas.

 

El Juez Timothy Frawley confirmó ayer la resolución provisional anterior, sentenciando que aunque el sistema de comercio de emisiones recaude ingresos para el Estado, las subastas de derechos de emisión no cuentan como “impuesto”. Esta resolución, como explica Horowitz, se basaba en la comprobación de que los compradores de derechos de emisión reciben algo valioso a cambio de sus dólares: la licencia para emitir una tonelada de dióxido de carbono – un permiso que efectivamente es una mercancía comerciable en el mercado. Además, los precios de subasta se determinan más por las fuerzas del mercado en vez de ser establecidos por el gobierno, como es el caso de un impuesto. Los derechos de emisión se parecen más bien a una licencia de caza o un permiso de extracción de minerales que a un impuesto, sentenció Frawley.

 

El becario de derecho ambiental de la UCLA, el Sr. Rhead Enion, afirma que el sistema de comercio de emisiones no es un impuesto por otra razón. Sencillamente, en California no existe un derecho a contaminar como se determinó en un proceso judicial de 2010: Comunidades para un mejor Medio Ambiente contra SCAQMD. Enion argumenta que el reembolso de derechos de emisión de GEI en realidad se parece mucho a una cuota de tecnología de disminución de la contaminación bajo unos regímenes de mando y control. Sí significa un gasto para la industria, pero ese gasto es totalmente legal.

 

Enion escribe que “Igual que las industrias representadas por la Cámara de Comercio no tienen derecho a contaminar, tampoco tienen derecho a recibir derechos de emisión GEI de manera gratuita del Estado de California.”

 

FLP ya ha anunciado que presentará una apelación en nombre de sus demandantes contra la sentencia del Juez Frawley. El primer demandante es la empresa Morning Start Packing Company, cuyas tres instalaciones de procesamiento de tomates hasta la fecha han comprado 31,000 derechos de emisión por un valor de US$379,860. Como afirman, este dinero podría haber sido usado para contratar a más trabajadores. Entre los demás demandantes se encuentran Merit Oil Company, California Construction Trucking Association, Loggers Association of Northern California y Dalton Trucking. Asimismo tres individuos que reclaman que el proceso de subasta hará subir sus gastos de servicios y combustible.

 

El abogado de FLP, Ted Hadzi-Antich comenta que “En una democracia, un organismo administrativo compuesto por burócratas no elegidos, solo puede ejecutar la voluntad del pueblo, según lo establece la legislatura. La JRA de California no puede ejecutar su propia voluntad, especialmente cuando entra en conflicto con la Constitución de California.” “FLP llevará este juicio adelante por el bien público, en el nombre de nuestros clientes.”

 

Sin embargo, Horowitz opina que los recursos judiciales seguirán siendo débiles y que el tiempo está a favor de JRA y escribe: “Cuanto más tiempo opere el programa de comercio de emisiones con techos y límites, y más subastas y negocios particulares se lleven a cabo, más difícil se vuelve imaginar qué recurso podría promulgar un juez para acabar con él.”

 

Allie Goldstein es Asistente de Investigación del Programa de Carbono del Ecosystem Marketplace, sitio hermano de Valorando Naturaleza.org.  La puedes encontrar en AGoldstein@ecosystemmarketplace.com 

Traducido por Judy Carrera, SPDA.

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