Costa Rica: Un laboratorio de mitigación para el mundo

21 de enero de 2014 Milagros Salazar

Costa Rica, un país que apenas bordea los 5 millones de habitantes, se ha convertido en un laboratorio de avanzada en mecanismos de mitigación de emisiones de carbono ante la comunidad internacional. Desde una gran experiencia acumulada en pagos por servicios ambientales que ha permitido recuperar millones de hectáreas de bosques - hasta la creación de un banco, el BanCO2, para la compra de bonos de carbono en el mercado local, su meta al 2021 es llegar al carbono neutralidad: que la emisión de carbono sea igual a lo que se captura.

 

 

El patrimonio que alberga Costa Rica es eminentemente verde. La muralla boscosa que caracteriza a este país es el equivalente a los monumentos arqueológicos de otras culturas de la región latinoamericana. “No tenemos monumentos como Guatemala, pero sí un paisaje natural impresionante”, asegura Katiana Murillo de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica, después de admitir que a su país le ha funcionado darle valor económico a sus recursos naturales. 

El resto del mundo lo reconoce. Costa Rica está adelantada diez años con respecto a la comunidad global, aseguró el director del Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner, durante la COP 19 de Varsovia en noviembre último. Razones sobran. El país llegó a la cumbre con propuestas aterrizadas: desde una alternativa para reducir emisiones en la agricultura con la primera Acción de Mitigación Apropiada (NAMA) hasta la comercialización local de créditos de carbono, precedidas de experiencias que han logrado la recuperación de los bosques a escala nacional. De un poco más del 20% de cobertura forestal en todo Costa Rica en la década del 80, hoy esta alfombra verde se extiende en más del 50% del país. 

Costa Rica ha secuestrado en los últimos años más de 90 millones de toneladas de carbono. Este volumen capturado no puede colocarse en el mercado internacional porque no forma parte del periodo de los nuevos mecanismos generados en la comunidad global. Sin embargo, sí puede ser considerado en su contabilidad interna para incentivar un mercado nacional de compra y venta de créditos de carbono por parte de empresas, organizaciones y ciudadanos. La meta del país para 2021, año en que se cumple el bicentenario de su Independencia, es llegar a Carbono Neutralidad (en términos generales: balance 0 entre lo que se emite y se captura de una actividad o escala determinada) aprovechando los diversos mecanismos de conservación de su riqueza natural.

“Costa Rica no pretende ser un modelo para nadie. Tan sólo creemos que el sentido de urgencia exige de todos los países mayores esfuerzos en procura de detener un escalamiento en las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero)”, aclara con modestia William Alpízar, quien está a la cabeza de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía.

   

POSTURA DE PAÍS

Sin duda “hay un posicionamiento y un enfoque de país que le permite a Costa Rica ser propositivo” respecto a medidas de mitigación en la comunidad internacional, explica Felipe Carazo, director ejecutivo de Fundecor. Esa misma mirada, llevó al gobierno a anunciar en 2007 la meta de convertirse en un país de carbono neutral y luego a adoptar medidas para cumplir con la promesa. Como parte de la implementación, en octubre de 2013 entró en funcionamiento el BanC02, el primer banco de carbono del país que se encargará de vender y comprar los bonos de carbono para que las personas o empresas puedan compensar sus GEI. 

La iniciativa es de vanguardia. El BanCO2 es el brazo operativo de la Junta de Carbono que se oficializó en setiembre del año pasado, y de la Fundación Banco Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Quien está a la cabeza es el titular de este ministerio, René Castro. Sin embargo, a la par de estos esfuerzos, Carazo también señala que aún falta articular una política nacional que permita priorizar las metas de conservación lanzadas desde el Ejecutivo, en términos de presupuesto y decisiones de primer nivel.

Los expertos y las autoridades coinciden en que no existe una única solución para enfrentar el cambio climático que ya se siente en Costa Rica. Entre 2005 y 2011, las pérdidas acumuladas en el ámbito rural y urbano por eventos hidrometeorológicos y geotectónicos llegó a mil 130 millones de dólares, según el Ministerio de Agricultura. La infraestructura vial ha sido la más golpeada, seguida por la agricultura. En respuesta, hay una diversidad de esquemas de mitigación emprendidos por Costa Rica.  

Pero la permanencia del bosque no depende necesariamente del sector forestal. Más bien, “es un producto de sus interrelaciones y presiones con otros sectores como la agricultura, ganadería, la industria y las exportaciones, e inclusive presiones externas al país”, explica Miguel Cifuentes, investigador del Programa de Cambio Climático y Cuencas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).

 

RESCATE DE BOSQUES

En este abanico de posibilidades, una de las apuestas más antiguas y efectivas del país es el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que existe desde 1997, incluso antes de que la comunidad internacional lanzara el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Suelos (REDD+), que plantea el servicio de fijación o retención de carbono e incentiva la conservación de la biodiversidad. 

Desde entonces, casi un millón de hectáreas de bosques se ha beneficiado de estos pagos por servicios ambientales. Sin embargo, el ex ministro del Ambiente y Energía Álvaro Umaña, quien impulsó estas medidas desde fines de los 80, enumera cuatro factores adicionales que han hecho posible la recuperación de esta cubierta boscosa: la ley que prohíbe el cambio del uso del suelo forestal, la extensión de parques nacionales de conservación en manos del Estado, la creación de reservas forestales privadas y los incentivos forestales que se dieron con exoneración de impuestos para mantener el bosque, antes que naciera el PSA. 

Pese a los aciertos del Programa, también hay retos que superar en el campo. “Hay lugares donde este esquema ha tenido un efecto adicional y otros donde no ha sido así”, asegura Miguel Cifuentes. Él recomienda que se establezcan mejor las áreas que deben ser priorizadas y se realice una “mejor evaluación de los servicios ecosistémicos”, ya que esto podría llevar a pagos más diferenciados que el sistema actual.

Cifuentes reconoce que, a escala nacional, el Programa de Pago por Servicios Ambientales es una de las herramientas que logró que Costa Rica revierta el patrón de deforestación de los 50 y 70. Con la implementación de este esquema, después de la aprobación de la Ley Forestal en 1996, se prohibió el cambio de uso del suelo en los bosques. Y además, el 3.5 por ciento del impuesto a los combustibles es destinado al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) que administra los recursos para este sistema de pagos por servicios ambientales.

Estas medidas de conservación tienen mucho respaldo en la opinión pública y han permitido ingresos económicos al país a través del ecoturismo. Conservar los bosques resulta rentable para Costa Rica.

“Como país entendemos que, reducir emisiones, además de bueno para la atmósfera del planeta y por lo tanto para el clima, nos pone en ruta a una mayor competitividad. Reducir costos y la huella de carbono asociada a la producción nos vuelve más rentables”, señala el director de Cambio Climático William Alpízar. 

El país ha pasado, incluso, de la conservación a la “preservación” (que el árbol no deba ser alterado ni utilizado en forma alguna”), opina Miguel Cifuentes. El especialista hace referencia a la percepción negativa que existe en la población del uso de los árboles, debido a la deforestación que hubo en el pasado. Esto ha generado un impacto en el sector forestal como por ejemplo el reportado por la Oficina Nacional Forestal en su último informe, de una disminución del 35% del procesamiento de madera de fuentes locales y una pérdida laboral del 49% desde 2007.

Cifuentes considera que sí es posible un manejo sostenible del bosque y a la vez un sector forestal rentable a nivel económico. Nuestros países necesitan sectores forestales fortalecidos para alcanzar las metas de mitigación a las que se están comprometiendo. Todo está en cómo se realice el manejo de los recursos”, sostiene.

 

LAS OTRAS PIEZAS

Cifuentes considera que el desarrollo e implementación de múltiples estrategias de mitigación es la mejor opción que ha encontrado Costa Rica para reducir a largo plazo las emisiones de gases de efecto invernadero en esta parte del mundo. 

Las Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono (LCDS, por sus siglas en inglés) y las Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs) “son piezas de un mismo rompecabezas”, enfatiza el experto del CATIE, una organización que ha trabajado con el gobierno para el desarrollo de NAMAS en los sectores cafetalero y ganadero. 

El cultivo del café es fundamental en Costa Rica, forma parte de su historia desde 1830 y se extiende en un área de 90 mil hectáreas entre los 600 a 1 600 metros sobre el nivel del mar. Esta actividad representa el 8% de la fuerza laboral del país pero también contribuye con el 9% de las emisiones de GEI nacional. Por ello, se ha implementado una NAMA en la actividad cafetalera mediante la reducción y el uso más eficiente de fertilizantes nitrogenados, mejoras en las diversas etapas del procesamiento del café así como un programa de fomento de sistemas agroforestales para la captura y retención del carbono.

Para 2014, se espera beneficiar a 70 mil hectáreas de café, casi el 80% del total. Esta experiencia resulta fundamental para NAMAS de otros sectores productivos. Uno de ellos, el agropecuario, segundo emisor nacional después del sector energético y responsable de casi el 37% de las emisiones nacionales. De este universo, la ganadería representa el 82%.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía consideran que las medidas de mitigación implementadas en la ganadería no han sido posibles a mayor escala por una serie de “obstáculos financieros, culturales, institucionales y tecnológicos”, según un documento sobre el tema de noviembre de 2013. Aseguran que se ha duplicado esfuerzos en el campo y la investigación, y que esto podría resolverse en un escenario NAMA.

En el documento se señala que todavía existen “incertidumbres respecto a la captura de carbono por especies forestales locales específicas”.  En respuesta, Miguel Cifuentes explica que eso es normal porque ahora hay servicios ecosistémicos de los que no se tenía ninguna noción hace 20 años, como sucede con el carbono. 

Para él, la contabilidad del carbono y los distintos requisitos técnicos para el monitoreo, reporte y verificación de REDD+, son muy complejos. En 2014, Costa Rica debe terminar de afinar una metodología para cuantificar el carbono como parte del reto de aplicar el mecanismo REDD+, una especie de “tercera generación” del Programa de Pagos por Servicios Ambientales donde el país ha demostrado gran experiencia “a diferencia de otros países donde ni siquiera se ha ensayado cómo establecer programas similares”, enfatiza Cifuentes.

  

BANCO Y MERCADO VERDES

Estas iniciativas y la creación del BanCO2 forman parte de un mismo objetivo: llegar al balance 0 en emisiones de carbono. Por ello, en el 2013 se creó el Mercado Doméstico Voluntario de Carbono para involucrar a los diversos sectores productivos en esta meta nacional.  

A través de este mecanismo, las compañías que deseen ser carbono neutral tendrían que considerar la siguiente ecuación: restar a sus emisiones, la cantidad de toneladas de carbono de reducción como consecuencia de buenas prácticas implementadas y comprar al BanC02 los créditos de carbono para compensar lo que no pudieron reducir con el cambio tecnológico de sus procesos productivos. Y también, puede suceder a la inversa: que las compañías y ciudadanos vendan los bonos al banco cuando logran un excedente de reducción de emisiones.

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) aprobó en octubre la consignación de 1,2 millones de toneladas de carbono de los certificados que se lleguen a generar a futuro a través del programa PSA. Esto significa que Fonafifo recibirá el dinero de la venta de estas toneladas vía transacciones que ocurren con compradores de créditos del BanCO2. Fernando Orozco, miembro del BanCO2, asegura que los certificados se fijan a un precio libre por las partes involucradas porque todo depende la característica del proyecto: si es de reforestación, si proviene de proyectos de energía limpia, de la población indígena, entre otros. “Esto influirá de manera distinta en cada comprador. Por el momento, las propias empresas son las más interesadas en llegar a la meta carbono neutralidad”, asevera. 

Cualquier empresa o institución puede ser certificada por el país como carbono neutral si logra reducciones significativas que pueden ser complementadas por unidades de compensación de tres fuentes: el Mercado de Desarrollo Limpio, el uso de bonos de carbono provenientes del Verified Carbon Standard (VCS) y las Unidades de Compensación Costarricense (UCC). Hasta la quincena de enero, ocho empresas lograron obtener la marca y cuatro se encontraban en camino de obtenerla.

Hasta el momento, el BanC02 recibe apoyo de órganos gubernamentales como el Ministerio del Ambiente y Energía, de individuos, asociaciones y fundaciones. Su brazo operativo es la Fundación Banco Ambiental o FUNBAN. Está compuesta por el Ministerio del Ambiente y Energía, el de Agricultura y Ganadería, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y el Banco Nacional de Costa Rica. En forma simultánea, la Fundación Banco Ambiental está incursionando en acuerdos con organismos internacionales, Japón y otros países asiáticos, según Fernando Orozco.

La idea de estos acuerdos es que Costa Rica pueda utilizar el esquema para transar créditos de carbono en mercados internacionales. Por ejemplo, un acuerdo con Japón puede permitir asegurar financiamiento para proyectos forestales o de desarrollo de energía renovable. De esta manera, Costa Rica, podría ofrecer proyectos que puedan compensar, y a la vez generar condiciones de equivalencia requeridas para que sean transacciones válidas.

Pero los desafíos son muy grandes. El BanC02 también se encargará de la promoción, monitoreo, reporte y verificación de los proyectos nacionales de mitigación y reducción de emisiones de C02. Y lo real es que aún no existen las metodologías y herramientas técnicas para hacerlo. “Es muy poco tiempo para hacer un análisis realista de la situación de cada uno de estos servicios. Sin embargo, hasta el momento hemos encontrado un nicho prometedor en el mercado”, responde Orozco. 

La idea, según Felipe Carazo de FUNDECOR, es que exista un esquema de comercialización internacional de los créditos que genera la actividad forestal (como el PSA) y así poder dar sostenibilidad al sistema. Pero, “el reto va más allá del sector forestal”, apunta Cifuentes del CATIE, ya que la recuperación de los bosques supera a las pérdidas. El desafío está en otras actividades como el transporte que aparece como uno de los principales emisores de GEI. “¿Qué opciones le podemos ofrecer a ese sector (y otros) para reducir sus emisiones?”, pregunta Cifuentes, quien duda que el país pueda llegar a su meta en 2021 aunque celebra que el anuncio gubernamental haya permitido nuevos instrumentos de mitigación.

“Hemos adoptado una posición de no sólo pedir justicia y financiamiento, sino que también hemos puesto nuestra parte. Tendemos una mano para pedir, pero extendemos otra para dar”, asegura William Alpízar, tras señalar que, por esa mirada, se ha reducido “la deforestación con un costo para los costarricenses de cercano a 500 millones de dólares. Así que para Costa Rica no es una respuesta el que no haya dinero” para seguir enfrentando al cambio climático.

 

 

Milagros es una periodista de investigación especializada en temas ambientales y sociales. Colabora con el equipo de investigación IDL-Reporteros, en Lima, Perú, y es corresponsal de la agencia de noticias Inter Press Service. Es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La puedes encontrar en milisalazarh@gmail.com.

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