Una comunidad colombiana que le apostó a los mercados voluntarios de carbono

Photo credits: Cortesia Anthrotect Ltda
26 de mayo de 2013 Viviana Londoño

En la población de Acandí, ubicada entre Panamá y el mar Caribe, 585 familias reciben beneficios por mantener más de 13 mil hectáreas de bosque en pie. En un área que por su ubicación privilegiada también ha significado años de violencia y desarraigo para sus pobladores, esta historia demuestra el potencial de los beneficios que puede traer el nuevo flujo de financiamiento relacionado a la reducción de emisiones de carbono.

Escepticismo. Esa es la palabra que resume la posición de varias familias del municipio de Acandí en el departamento de Chocó (Colombia) cuando les hablaron por primera vez del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) y de mercados voluntarios de carbono. Para muchos, eran impensables otras formas de supervivencia que el aprovechamiento de la madera. ¿Sería posible entonces obtener beneficios, simplemente dejando el bosque como estaba? Muchos creían que era imposible.

En el país apenas se empezaba a hablar del asunto y en la zona ni siquiera los gobernantes de turno conocían de qué se trataba. Pero los años han pasado y con estos han venido los resultados, como lo cuenta Everildys Córdoba, líder de la comunidad: hoy las 585 familias afrocolombianas que hacen parte del El Consejo Comunitario Mayor De Comunidades Negras De La Cuenca Del Rio Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur), uno de los tres Consejos Comunitarios de Acandí, y que le apostaron al modelo de mercado voluntario, actualmente reciben beneficios por la venta de bonos de carbono bajo el mecanismo REDD.

 

Origen del Proyecto

La historia del proyecto nace en 2008. Ese año, como recuerda Córdoba, la comunidad estaba buscando mecanismos sostenibles para promover su desarrollo pero no encontraba muchas alternativas. La expansión de la ganadería, la falta de posibilidades económicas y la emigración de los más jóvenes a las ciudades, debido a las pocas oportunidades en la zona, era el panorama de este aislado municipio, bañado por las aguas del mar Caribe y ubicado en la zona del llamado Tapón del Darién, al que sólo se puede llegar por aire o por mar.

También en 2008, el antropólogo Brodie Ferguson se encontraba en el municipio recogiendo información para su tesis doctoral de la Universidad de Stanford, sobre el pacífico colombiano. Ferguson conocía  la gran riqueza natural del municipio y también, las dificultades de las comunidades. Por eso se le ocurrió que el camino para mantener el bosque y promover la sostenibilidad de los pobladores, era establecer un área de conservación, a través de la venta de bonos de carbono.

Así se lo propuso a Aureliano Córdoba, representante legal de Cocomasur. Después vendría la difícil tarea de convencer a la comunidad. En 2009, Córdoba pone a Ferguson en contacto con la Junta Directiva de Cocomasur y el proyecto denominado ‘Corredor de Conservación Chocó Darién’, que protege 13.465 hectáreas de bosque, empieza a tomar forma. Después de cuatro años son tantos sus avances, que es uno de los pocos proyectos en el país con el sello VCS (Verified Carbon Standard). “Al principio fue difícil, había mucha incredulidad, pero el proceso se ha venido consolidando: hoy la gente está participando en la conservación, estamos generando empleos y muchos miembros tienen más facilidades para permanecer en su tierra”, cuenta Córdoba.

 

¿Cómo lo lograron?

Detrás de todo el andamiaje que ha permitido que el proyecto salga a flote, está Anthrotect Ltda, empresa creada por Ferguson y por Emily Roynestad para impulsar el corredor de conservación. Actualmente funciona en la ciudad de Medellín y es dirigida por Mauricio Salazar. “El reto era encontrar la forma de conservar el Darién a través de la financiación de bonos de carbono. Ahora estamos no sólo reduciendo emisiones y contribuyendo a la mitigación de los efectos del cambio climático sino también apoyando a la comunidad de esta región”, explica Salazar.

Los estudios que ha realizado Anthrotect en alianza con Cocomasur, desde hace dos años, han permitido determinar que si no existiera el proyecto, en 30 años por lo menos 6.500 hectáreas de bosque serían talados y quemados (la mitad del bosque actual). Si esto sucediera, serían emitidas 2.800.000 toneladas de carbono a la atmósfera y es muy probable que las comunidades estén fragmentadas para entonces. Estos cálculos y dos certificaciones entre los que se destaca el sello Oro de VCS (Verified Carbon Standard) que asegura se hicieron correctamente los cálculos, le ha permitido al proyecto convertir la reducción de emisiones en créditos para la venta.

 

La primera venta de créditos

Aunque el proyecto empezó a marchar en 2010, los bonos sólo salieron al mercado dos años después, luego de que los auditores externos verificaran los resultados. En noviembre de 2012, Anthrotect logró sacar al mercado los primeros 100.000 créditos,  gracias a que el ‘Corredor de Conservación Chocó Darién’ logró evitar la deforestación de 300 hectáreas en el bosque. Cada crédito tiene precio en el mercado de alrededor de US$15. Aunque se pueden encontrar bonos de hasta US$1, no tienen incidencia ni en la biodiversidad ni en el desarrollo de las comunidades, como sí sucede con esta iniciativa. A finales de este año, Anthrotect espera tener una nueva verificación para generar más créditos, pues el proyecto está planeado para durar 30 años.

Los primeros 339 créditos fueron adquiridos por la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. (Findeter), que se dedica a financiar proyectos de infraestructura en Colombia. Jessica Jacob, directora de responsabilidad social y ambiental de la compañía explica por qué decidieron compensar la huella de carbono de la empresa en 2012, a través de proyecto de Cocomasur: “nos  encontramos con una iniciativa seria con el componente social como valor agregado y nos llamó la atención poder apoyar al departamento del Chocó, que es una zona muy importante en el país”.

La experiencia fue tan satisfactoria que -según Jacob- la empresa planea comprar nuevamente créditos a la comunidad de Cocomasur en los próximos meses. Entre los compradores también se destaca la revista ambiental Mongabay.com que también decidió compensar sus emisiones con los bonos, después de conocer el equipo durante una visita al Chocó.

De acuerdo con Anthrotec, más de la mitad de los bonos ya se vendieron y los que quedan están en proceso de negociación. Emily Roynestad, cofundadora del proyecto reconoce  que el proceso es lento y puede tardar hasta seis meses o más, debido a que, según sus propias pablaras “hay mucho que explicar y compartir”, además no existe un mercado obligatorio para bonos REDD como los de Cocomasur.

Roynestad explica por ejemplo, que las empresa interesadas en ser "carbono neutral" suelen tener unas preferencias precisas. Algunas sólo quieren bonos de proyectos en ciertas regiones del país, otras buscan proyectos de reforestación con especies nativas, o quizá eligen otros que conserven especies como el tití de cabeza algodón. Todavía no existe un mercado obligatorio internacional o nacional para bonos REDD+ como los nuestros. “Hemos aprendido que todas las personas valoran cosas diferentes y que el mercado de carbono se trata de mucho más que de carbono: las empresas y las personas que compran nuestros bonos no lo hacen para cumplir, sino porque sienten que es lo correcto y quieren dar el ejemplo”.

Cada vez que se va a realizar una venta, Anthrotec –encargado de liderar el proceso- consulta a la comunidad debido a que a los miembros de Cocomasur les interesa conocer a los compradores y los intereses que los llevaron al proyecto. “Lo mismo pasa con los compradores, la mayoría tiene la intención de visitar a conocer el bosque algún día para conocer los miembros de Cocomasur y agradecerles personalmente por su trabajo”, dice Roynestad.

 

El destino de los recursos

Los recursos obtenidos son distribuidos por el Fondo Acción. Un 40% de estos es destinado para evitar la deforestación, otro 35% para actividades de desarrollo comunitario y el 25% para el monitoreo, la  asistencia técnica, el mercadeo de los bonos y el mantenimiento de las certificaciones por parte de Anthrotect. En la realidad, estas cifras se traducen en programas sociales y educativos y nuevos empleos que están logrando que los jóvenes no quieran migrar, como asegura Everildys Córdoba.

En cuanto al manejo de los recursos, en palabras de Natalia Arango, del Fondo para la Atención Ambiental y la Niñez, “el  plan es mantener una alianza de mediano plazo con Cocomasur hasta que la comunidad tenga un plan de distribución y sea autónoma en el manejo de los recursos”. Según Arango, hay muchas personas que se están beneficiando: están haciendo diagnósticos sociales, resolviendo conflictos y generando información para el manejo del bosque”.

 

Un proyecto estratégico

La serranía del Darién -zona en la que está ubicado el municipio de Acandí- no es territorio cualquiera: debido a su ubicación en la frontera con Panamá, es uno de los ecosistemas más diversos del trópico y un conector estratégico entre el Norte y el Sur del continente. La selva húmeda del Darien, cercana a las aguas del mar Caribe, tiene unas características únicas en biodiversidad, como lo ha reconocido el Ministerio de Ambiente. El jaguar, el mono araña y el halcón peregrino son sólo algunas de las especies que encuentran refugio en esta selva espesa. No es gratuito que en esta zona se encuentren dos de los lugares declarados como Patrimonio Natural de la Humanidad de la Unesco: el Parque Nacional Natural Los Katios y el Parque Natural Darién.

Pero su ubicación privilegiada también ha significado años de violencia y desarraigo para sus pobladores. Acandí es uno más de los municipios de Colombia que ha tenido que padecer el conflicto armado y con este, las dinámicas del narcotráfico: este territorio se convirtió en un importante corredor para el tráfico de drogas y de armas. Tanto así, que muchos de los nativos del lugar fueron desplazados de sus tierras y sólo pudieron regresar años después. En este momento, muchos de los miembros de Cocomasur tienen en la memoria los días y las noches de miseria que tuvieron que pasar en las ciudades debido a los desplazamientos de los actores armados. Y aunque muchos regresaron, el miedo hizo que otros tantos nunca volvieran a sus hogares.

Por si fuera poco, el Chocó –departamento donde está ubicado el municipio de Acandí-  es el más pobre de Colombia, con una incidencia de pobreza del 64% (el doble del promedio del país), según datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Con este panorama, la única alternativa de las comunidades para satisfacer sus necesidades básicas antes de implementar el proyecto, era expandir la frontera agrícola, la ganadería y aumentar la tala selectiva. Entre 2001 y 2010 se perdió el 10% de la selva desplazada por los pastos para el ganado y los nuevos cultivos.

Sin embargo, la riqueza natural y las difíciles condiciones sociales de la zona no son las únicas características que hace único el ´Corredor de Conservación Chocó Darién´. La legislación en Colombia reconoce la propiedad que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes de territorios colectivos. Actualmente más de de 30 millones de hectáreas cubiertas de ecosistemas boscosos en el país (de las cerca de 60 millones de hectáreas que hay en total) les pertenecen a los indígenas y a los afros. Precisamente en el Darién conviven diversos grupos de comunidades negras, indígenas y mestizas que dependen de los recursos naturales del lugar. En Agosto de 2005, el Estado le otorgó a Cocomasur un título colectivo de tierra de 13.465 hectáreas, debido a su presencia histórica en la región.

Colombia mapa deforestacion

Un nuevo modelo para bosques en Colombia

De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente, en Colombia están en curso 50 propuestas que hacen parte del mecanismo REDD. Sin embargo, este es el único proyecto que se está desarrollando en Colombia y el mundo en un territorio colectivo de una comunidad afro, como asegura Salazar de Anthrotect.

Emily Roynestad explica que este nuevo modelo de negocio responde a las necesidades del ecosistema pero además es un punto de partida para “un nuevo tipo de prosperidad que beneficiará a varias generaciones. “Es una fuente de ingresos sostenible para la comunidad sin intermediarios. La meta es concientizar a las empresas de estos nuevos bienes ambientales que representan reducción en las emisiones”. Esto último lo dice luego de reconocer que si bien en el exterior las empresas han empezado a unirse a las iniciativas REDD en Colombia, queda mucho camino por recorrer.

En el municipio de Acandí, en la región del Darién (Colombia)

Actualmente la deforestación representa entre 12% y 20% de las emisiones de gases efecto invernadero en el mundo. El objetivo del mecanismo REDD es reducir estas emisiones reforestando y manteniendo los bosques en pie. Colombia no es ajena a esta realidad. Rubén Guerrero, encargado de los proyectos REDD de la Dirección de Bosques y Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, explica así los avances al respecto: “Hemos venido trabajando pero el proceso es largo. Ya empezamos a trabajar en la Estrategia Nacional REDD”.

¿Qué tanto han avanzado? Pese a que los primeros acercamientos al tema se dieron en 2007, son pocos los pasos que Colombia ha dado al respecto. Prueba de ello es que sólo hay 50 iniciativas en curso en 17 millones de hectáreas y de estos proyectos, los más avanzadas son el de Acandí y otro en el departamento del Huila. Pese a esto Guerrero es optimista: “ya se tiene un primer diseño del sistema de monitoreo de bosques”.

Guerrero se refiere a los estudios más recientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), que revelan que para 2011 el país tenía 59.021.804 millones de hectáreas de bosque (más del 50% del territorio nacional), 1.191.813 hectáreas menos que en 2005. Según el IDEAM, las mayores masas boscosas están en la región amazónica, con una deforestación promedio de 119.802 hectáreas por año y en la región del Pacífico con un promedio de pérdida de 140.426 hectáreas al año. En este momento, la desaparición de los bosques en Colombia se debe principalmente a la expansión de la frontera agrícola, ganadera y al aprovechamiento de maderas.

El mayor reto, como ha señalado el Ministerio de Ambiente consiste en que más del 50% (alrededor de 30 millones de hectáreas) le corresponde a comunidades negras y afrocolombianas bajo la figura de territorios colectivos, resguardos indígenas o consejos comunitarios. Teniendo en cuenta esta perspectiva, el éxito o el fracaso de la conservación de los bosques dependerá de la relación que se pueda establecer con las comunidades, la mayoría de las cuales vive en difíciles condiciones de pobreza. “Uno de los desafíos es identificar los mecanismos para que la comunidad participe”, dice Guerrero quien también agrega que hace falta que el marco normativo se adecúe a este tipo de procesos.

En cuanto a los recursos necesarios para lograrlo, según cálculos del Gobierno, sólo la preparación de la Estrategia Nacional REDD puede costar alrededor US$18.9 millones de dólares. Aunque el país hace parte del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial y a finales de 2011, éste le aprobó recursos por $3,6 millones de dólares, el dinero que debe ser transferido a través del Banco Mundial, aún no ha entrado. Por eso, además de los recursos aprobados por el Fondo de Bosques, el Gobierno ha logrado gestionar US$ 3,2 millones con Alemania, US$1,9 millones con la Fundación Betty Gordon Moore. Sumado a esto, en 2011, el gobierno de Noruega oficializó el apoyo de US$50 millones de dólares para apoyar la reducción en Colombia de la deforestación, que se materializará con la ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete en pleno corazón del Amazonas.

El gobierno colombiano ha  expresado en múltiples escenarios su compromiso frente al tema. Durante un discurso frente a Naciones Unidas a finales de 2010, el presidente Juan Manuel Santos, señaló que “Queremos ser un país modelo para el mundo en el monitoreo de sus bosques, de sus emisiones de carbono y del estado de su biodiversidad (…). Con las debidas compensaciones económicas, tenemos una inmensa capacidad para reducir la deforestación y plantar nuevos bosques”.

En sentido similar se ha pronunciado la viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Adriana Soto Carreño: "REDD representa una valiosa oportunidad para garantizar la conservación de los bosques y evitar la deforestación y también genera oportunidades para las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de nuestro país".

 

”Apenas estamos empezando”

Para Everisldys Córdoba, líder de Cocomasur, son muchos los aspectos positivos que ha traído el proyecto a la comunidad: “queríamos mostrarle al Gobierno que podíamos desarrollar nuestros propios procesos locales y lo logramos. Hoy podemos decirles a otras comunidades que sí se puede.” Además explica que todos los miembros de Cocomasur siguen dedicados a actividades como la siembra y la pesca, pues según sus palabras, “no se trata de que la gente deje de hacer lo que sabe, sino de garantizar recursos para que puedan seguir haciendo sus labores tradicionales y eso lo ha permitido el proyecto”.

Roynestad es optimista al respecto: “En muchos países se están lanzando nuevas plataformas de ventas para el mercado de carbono voluntario y para proyectos como el nuestro. Confiamos en que los compradores actuales nos vuelvan a apoyar en el futuro, y ya varias empresas han expresado interés en apoyar el proyecto a largo plazo. Estaremos haciendo un esfuerzo especial para resaltar la historia de nuestros socios en Cocomasur y los impactos que ellos están logrando en campo, que es lo que hacer A este proyecto tan especial y tan único”.

A la hora de responder acerca de los cambios que ha tenido la comunidad, Córdoba es enfática: “ojalá se pudieran medir, la gente vuelve a creer, quiere participar, no sólo estamos conservando, garantizando el agua para todos y evitando la emisión de gases sino que la comunidad está más unida. La meta es sostenernos pero eso depende del apoyo de todos, sobretodo de los compradores. Apenas estamos empezando”.

 

 

Viviana Londoño Calle ha contribuido con este artículo. Se desempeña como redactora ambiental en el diario El Espectador (Colombia).  Es periodista, técnica en Manejo y Aprovechamiento de Cuencas Hidrográficas y docente de Periodismo. Además es miembro de la organización que promueve el periodismo de investigación, Consejo de Redacción. Puede contactar a Viviana Londoño en vivi1909@hotmail.com y en vlondono@elespectador.com

 

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